Además, asegura que nuevo impuesto podría afectar a las PYMES proveedoras de las Zonas Francas.
Un reciente estudio reveló importantes interrogantes sobre la viabilidad y los efectos proyectados del Impuesto Mínimo Global (IMG) del 15% si se aplica en Costa Rica. Dicha iniciativa fue asumida en octubre del 2021 por los países miembros de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20 para gravar las utilidades de grandes multinacionales.
La propuesta del IMG busca evitar que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación, promoviendo así una mayor equidad fiscal y reduciendo la competencia fiscal a la baja entre países.
Dicha medida debió entrar en operación en 2024. Sin embargo, las autoridades costarricenses aún no resuelven su aplicación a 499 compañías trasnacionales que operan en el sistema de Zonas Francas.
La investigación titulada El impuesto mínimo global y sus efectos proyectados en la recaudación costarricense: ¿Utopía fiscal o reforma estructural? fue elaborada por la Licda. María del Pilar Ugalde Herrera, investigadora del Observatorio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y subdirectora de la Contaduría Pública de la Universidad Hispanoamericana (UH), quien cuestiona la efectividad o los alcances del IMG para el país, sino que también resalta una tensión fundamental entre la adhesión a estándares internacionales y la defensa de la autonomía fiscal.
“Este estudio busca comparar dos momentos históricos con políticas fiscales contrastantes: la administración de Rodrigo Carazo (1978–1982), caracterizada por una crisis económica profunda, y el contexto actual tras la adhesión de Costa Rica a la OCDE-2024 y la implementación del impuesto mínimo global. La comparación permite identificar patrones, evaluar la evolución de la política fiscal costarricense y analizar el impacto de los marcos internacionales en la toma de decisiones económicas. Esta perspectiva histórica y analítica busca aportar elementos críticos al debate sobre la sostenibilidad fiscal y la autonomía económica del país”, detalló la Licda. María del Pilar Ugalde, con más de 30 años de experiencia en Auditoría y Contabilidad.
A criterio de la investigadora, las autoridades costarricenses carecen de los insumos para validar las ventajas y desventajas de este nuevo tributo.
“El impuesto mínimo global puede generar grandes cambios en la política fiscal de Costa Rica, pero no se cuenta con datos de sus utilidades por lo que no es comprensible como se puede justificar este impuesto sin un estudio técnico”, advierte la investigadora.
El segundo punto clave es el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Fiscal Global por orden del presidente Donald Trump, un hecho que genera incertidumbre sobre el futuro del impuesto mínimo global del 15%, ya que el acuerdo tenía como fin recaudar en empresas con una facturación superior a los 750 millones de euros, las cuales en su mayoría son estadounidenses y algunas con sede en nuestro país. A raíz de esta decisión, estas empresas quedarían exentas, socavando drásticamente el potencial de recaudación del impuesto y su justificación.
Además, esta medida obliga a una evaluación de las políticas fiscales con un impacto social. Para la Licda. María del Pilar Ugalde “al aplicar estos estándares quedaría por fuera población vulnerable sin olvidar que, durante el primer trimestre de 2025, la población ocupada en Costa Rica alcanzó un total de 2.211.416 personas, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De esta cifra, aproximadamente 823.998 personas, lo que representa un 37,3%, se encontraban en condiciones de empleo informal, es decir, sin acceso a derechos laborales como seguro social, contrato formal o protección legal en el trabajo, esta alta proporción de informalidad refleja un desafío estructural del mercado laboral costarricense, que limita la calidad del empleo y la inclusión social, y plantea retos importantes para la sostenibilidad del sistema de seguridad social y la recaudación fiscal”.
Otra de las interrogantes ¿cuáles beneficios se ofrecerán para atraer la inversión internacional? Este cambio de paradigma supone que la localización de las inversiones por parte de las multinacionales ya no dependerá primariamente de incentivos fiscales o de las “ventajas” tributarias ofrecidas por los países involucrados, sino de factores más estructurales como la formación de la fuerza laboral, la calidad institucional y la infraestructura local.
“En otras palabras: la “carrera a la baja” de tasas efectivas que erosionaban la recaudación estatal pierde efectividad. En el caso de Costa Rica —país históricamente competitivo por medio de regímenes especiales como Zonas Francas— este nuevo escenario abre interrogantes críticas sobre el futuro de su sistema tributario” indicó Ugalde, quien insiste que Costa Rica ofrece como ventajas: el recurso humano calificado, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y se ha convertido en centro de operaciones tecnológico para reducir la dependencia por este tributo".
El paso de Costa Rica ante la OCDE requiere de un adecuado análisis y revisión ya que es una economía emergente que requiere cierta flexibilización. Por ello, Ugalde hace la reflexión que “la adhesión a la OCDE puede no ser un camino adecuado para un país como Costa Rica, que históricamente ha defendido un modelo propio de desarrollo, basado en la paz, la educación y la equidad social. El riesgo es que el país quede atrapado en un marco normativo diseñado para grandes economías industrializadas, con estándares que no necesariamente resuelven nuestros desafíos fiscales o estructurales. Además, puede limitar la capacidad de aplicar políticas fiscales progresivas”.
Por último, la investigadora da una serie de recomendaciones:
- Desarrollar estudios técnicos exhaustivos sobre el impacto potencial del impuesto mínimo global en la recaudación fiscal costarricense, diferenciando sectores, tipos de empresas y escenarios económicos, antes de comprometer su implementación formal.
- Revisar y fortalecer el sistema estadístico nacional para recolectar y publicar datos confiables sobre las utilidades de las empresas multinacionales, en especial aquellas en régimen de zonas francas, como insumo esencial para una política tributaria informada.
- Adoptar el impuesto mínimo global desde una perspectiva estratégica y soberana, asegurando que la eventual recaudación quede en manos del Estado costarricense a través de un impuesto mínimo doméstico calificado (QDMTT), y evitando que otros países capten esos recursos.
- Evitar aplicar de forma acrítica estándares fiscales internacionales que puedan comprometer la capacidad del país para ejercer una política fiscal progresiva y adaptada a sus necesidades estructurales, en especial en contextos de alta informalidad y desigualdad.
- Acompañar cualquier reforma fiscal derivada del impuesto mínimo global con medidas compensatorias para las pequeñas y medianas empresas, así como mecanismos que prevengan el traslado de la carga tributaria al consumidor final.
- Incentivar una discusión nacional plural, transparente y participativa sobre los beneficios y riesgos de adoptar marcos como el de la OCDE, garantizando que las decisiones fiscales se alineen con el interés público y no respondan únicamente a presiones internacionales.
