Tribunal Contencioso Administrativo emitió dos resoluciones que ordenan al gobierno local abstenerse de intervenir propiedades privadas vinculadas al resort.
Punta Leona Beach Club & Nature Resort reiteró su respeto al ordenamiento jurídico nacional y su disposición a resolver por la vía judicial el conflicto que mantiene con la Municipalidad de Garabito. Esto tras la emisión de dos medidas cautelares provisionalísimas por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.
La primera medida ordena a la municipalidad abstenerse de realizar cualquier acción material que implique el derribo de la aguja ubicada en la entrada de la propiedad privada matrícula 6-25531-000, así como la apertura de cualquier camino en el sitio.
La segunda resolución, emitida a favor de Punta Leona Beach Club & Nature Resort, Real de Punta Leona y Leona Logistics, prohíbe a la alcaldía realizar actos materiales tendientes a la demolición de estructuras o apertura de vías dentro de propiedades privadas que, según la empresa, cumplen con la normativa legal vigente para el desarrollo turístico en la zona.
La empresa también informó que Real de Punta Leona presentó ante la Fiscalía de Garabito una denuncia penal contra el alcalde del cantón por el presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con hechos ocurridos el pasado 2 de julio.
Punta Leona denuncia que el alcalde ha realizado declaraciones “dispersas y erráticas”, y ha ejecutado acciones sin notificaciones formales ni procedimientos administrativos establecidos. La empresa subrayó que Playa Blanca es pública y que existe acceso público, negando cualquier intento de obstrucción al disfrute de la playa.
Punta Leona argumenta que sus propiedades se inscribieron antes de la vigencia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, por lo que esta no les resulta aplicable retroactivamente. Además, destacó que la Constitución Política garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y prohíbe la aplicación retroactiva de la ley.
La empresa ratifica su compromiso con el ordenamiento jurídico y será respetuosa de las decisiones judiciales que adopten los tribunales”.
