En Costa Rica, al igual que en muchos países del mundo, la población envejece rápidamente, esto se conoce como el Fenómeno del Envejecimiento Poblacional y refiere a un logro de la humanidad, en tanto las personas envejecen porque viven más años gracias a los avances sociales, médicos, tecnológicos entre otros que fomentan mejoras en la calidad de vida. Cada vez más personas alcanzan edades avanzadas y con ello crecen también los desafíos para garantizar sus derechos. Uno de los más urgentes es el derecho a la salud.
La salud, entendida como un estado de bienestar físico y mental y no depende únicamente de la edad ya que existen factores asociados, como estilos de vida, acceso a la atención médica especializada y a la seguridad social, oportunidades para realizar actividades de autocuidado entre otros. Ante el logro del envejecimiento poblacional, en la práctica, muchas personas adultas mayores enfrentan barreras para acceder a servicios oportunos, de calidad y con un enfoque integral. La falta de atención especializada en geriatría y gerontología, los tiempos de espera, la no atención de las necesidades específicas de acuerdo con la heterogeneidad de la población y el trato poco respetuoso, en algunos casos, son parte de una realidad que urge transformar.
Desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), insistimos en que el derecho a la salud no termina con la jubilación. Por el contrario, debe fortalecerse. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por Costa Rica en 2017 es un instrumento jurídico que señala que los Estados deben de garantizar la atención preferente y adaptada a las necesidades de este grupo poblacional. Contar con servicios de salud inclusivos y accesibles mejora la calidad de vida de las personas adultas mayores y fortalece sus capacidades, su autonomía y su derecho a decidir sobre su propio bienestar.
Promover la salud en esta etapa es tratar enfermedades, fomentar el envejecimiento activo, prevenir la dependencia y asegurar condiciones dignas de vida. Se requieren políticas públicas que incorporen la perspectiva del envejecimiento en el diseño de servicios, presupuestos y programas. Además, crear sistemas exclusivos para personas mayores para transformar los servicios existentes y que sean accesibles, respetuosos e inclusivos.
Hacer valer el derecho a la salud no es responsabilidad exclusiva del Estado. También requiere de una corresponsabilidad social, donde las familias, las comunidades, los medios de comunicación y las propias personas adultas mayores participen activamente en la defensa y promoción de sus derechos. En ese sentido, es importante generar espacios de educación para la ciudadanía sobre los derechos en la vejez, así como mecanismos efectivos para denunciar violaciones y exigir cambios.
Desde AGECO, seguiremos promoviendo la construcción de un sistema de salud que reconozca el derecho a la salud de las personas mayores y que garantice una atención digna.
Escrito por Andrea Dotta Brenes, Coordinadora del Proceso de Derechos Humanos de AGECO.
