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Infraestructura, seguridad ciudadana y logística en puertos escalan entre los principales obstáculos señalados por la industria manufacturera.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó los resultados de la décimo sexta edición de su Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del sector industrial manufacturero. El estudio 2025 confirma la persistencia de barreras estructurales que afectan la capacidad competitiva de las empresas, como el tipo de cambio, las altas cargas sociales y la disponibilidad de recurso humano calificado.

Los resultados de la encuesta 2025 demuestran que hay factores estructurales que, lejos de mejorar, se consolidan como los principales obstáculos para competir. Esta reiteración confirma la necesidad de abordarlos de manera sistémica y prioritaria, como parte de una estrategia país de largo plazo”, indicó Sergio Capón, presidente de la CICR.

Factores que escalaron en 2025

Entre los factores que ganaron relevancia en el estudio se destacan:

  • Infraestructura: del puesto 3 al 2 en frecuencia, y del 9 al 6 en índice de incidencia.
  • Seguridad ciudadana: del puesto 9 al 6.
  • Infraestructura en puertos y carreteras: del puesto 10 al 7.
  • Disponibilidad y calidad del talento humano: del puesto 8 al 5.
  • Costo de la energía eléctrica: del puesto 6 al 4 en índice de incidencia.

Diferencias por régimen y tamaño de empresa

Las empresas del Régimen Definitivo reportaron como principales obstáculos las cargas sociales, el tipo de cambio y la competencia con empresas informales. En contraste, las empresas de Zona Franca mencionaron el tipo de cambio, la disponibilidad de talento humano y el costo de la energía eléctrica.

En cuanto al tamaño, las grandes empresas destacaron el tipo de cambio, la infraestructura y el talento humano como los principales retos. Las PYME, por su parte, señalaron las cargas sociales, la competencia informal y el tipo de cambio.

Propuestas y prioridades

La CICR impulsa una Agenda de Competitividad alineada con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. Entre los proyectos prioritarios destacan:

  • Reforma a la Ley del INA para modernizar la formación técnica.
  • Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional para incentivar inversiones con tarifas competitivas.
  • Proyecto de Jornadas Excepcionales para ofrecer seguridad jurídica a sectores estratégicos.

Sobre las cargas sociales, el estudio resalta su peso desproporcionado sobre las empresas, especialmente las PYME. La OCDE ha recomendado revisar aquellas cargas que no financian directamente salud o pensiones, para evitar desincentivar el empleo formal y fomentar la informalidad.

Estos factores estructurales vienen minando la competitividad de las empresas y, por ende, la capacidad del país para crecer con empleo formal y desarrollo. Deben abordarse con sentido de urgencia, visión de país y acciones multisectoriales”, concluyó Capón.

Metodología del estudio

  • Muestra: 111 empresas del sector industrial formal con tres o más trabajadores.
  • Tamaño: 45,1% grandes empresas; 54,9% PYME (22,5% medianas y 31,5% pequeñas).
  • Régimen: 74,8% Régimen Definitivo; 25,2% Zona Franca.
  • Empleo: Las empresas representan el 24,4% del empleo formal en el sector manufacturero privado.
  • Trabajo de campo: Del 20 de marzo al 20 de junio de 2025.
  • Margen de error: 3,1% promedio por estrato, con 95% de nivel de confianza.