Banco Central publica además datos 2024 sobre flujos de materiales e ingresos fiscales relacionados con el ambiente.
El sector privado costarricense invirtió un total de ₡118.325 millones en acciones de protección ambiental durante el año 2022, lo que equivale al 0,26% del Producto Interno Bruto de ese periodo. Así lo reveló la última publicación de la Cuenta de Gasto en Protección Ambiental (GPA) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que destaca la contribución del sector privado a la sostenibilidad y su impacto en la economía nacional.
El GPA mide los recursos económicos destinados a prevenir, reducir o eliminar la contaminación y otras formas de degradación ambiental. Para estimarlo, se aplicó una encuesta especializada a empresas mediante el Estudio Económico de Empresas del Ministerio de Hacienda, que recopiló información sobre gastos corrientes, inversiones en tecnologías limpias y empleo en actividades ambientales.
Según el informe, el 80% del gasto se destinó a gastos corrientes y el 20% restante a inversiones en capital. De esta inversión, el 62% se destinó a tecnologías para tratar residuos de procesos productivos, y el 38% a tecnologías integradas con menor impacto ambiental.
Por actividad económica, las industrias manufactureras representaron el 37% del gasto total, seguidas por actividades especializadas en protección ambiental (como gestión de aguas residuales y desechos), con un 20%.
El BCCR también actualizó datos al 2024 sobre la Cuenta de Flujo de Materiales, donde se muestra que Costa Rica mantiene su perfil de economía extractiva en biomasa y minerales no metálicos. En total, se extrajeron 44,2 millones de toneladas en 2024, de las cuales 19,6 millones corresponden a biomasa y 24,6 millones a materiales no metálicos, que representaron el 56% del volumen total.
En materia de comercio exterior, la biomasa lideró las exportaciones, con 6,9 millones de toneladas exportadas en 2024 (78% del total), aunque el país sigue siendo importador neto de materiales, con importaciones que alcanzaron los 11,6 millones de toneladas.
Finalmente, los ingresos fiscales ambientales representaron el 2,12% del PIB en 2024, superando el promedio de los países OCDE (1,76% en 2022). El 98% de estos ingresos provino de dos fuentes principales: los impuestos a la energía (61%), donde el impuesto único a los combustibles domina, y los impuestos al transporte (37%), siendo el impuesto sobre la propiedad de vehículos el más representativo.
