Consejo Superior del Poder Judicial archivó las diligencias de cobro por los montos pagados en exceso a la Caja.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de auditoría sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial para el 2024. Entre sus principales hallazgos encontró que el Consejo Superior autorizó archivar las diligencias de cobro por 7.468 millones de colones pagados en exceso a la Caja Costarricense de Seguro Social, por concepto de cargas sociales.
Según detalló la Contraloría, los pagos de más se produjeron porque el Poder Judicial paga el 100% del salario a su personal en caso de incapacidad y luego gestiona mediante planilla el reintegro del subsidio de la CCSS. La auditoría explicó que esta práctica "ha generado pagos en exceso, distorsiones presupuestarias y carga administrativa adicional para recuperar montos que no debieron pagarse".
El informe indica que el procedimiento que debería aplicar el Poder Judicial cuando un servidor judicial sea incapacitado por enfermedad es tramitar una licencia con goce de sueldo y pagar al servidor únicamente lo necesario para completar su salario a partir del monto que reciba de la CCSS.
Dato D+: El artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8) establece que el personal judicial recibirá el monto completo de su salario en caso de incapacidad.
La auditoría señala que en 2023 el Consejo Superior dio 20 meses de plazo para realizar los ajustes necesarios al sistema de pagos que utilizan y corregir esta práctica. Sin embargo, a marzo de este año la administración reportó un avance del 28% en ese tema y un cronograma con plazo final hasta diciembre de 2026.
Sobre la recuperación de los montos pagados de más, el informe indica:
El Poder Judicial ha realizado procesos de cobro que han resultado en la recuperación de 45.826 millones de colones, y actualmente tiene en marcha procesos adicionales por un monto aproximado de 484 millones de colones. Todo esto evidencia una carga administrativa innecesaria, ya que la obligación de recuperación surge de una práctica de pago que no debería existir”.
La Contraloría ordenó a la Corte definir y aprobar las acciones inmediatas para ajustar a derecho el pago de incapacidades.
Tras la publicación del informe el Poder Judicial emitió un comunicado indicando que desde el segundo semestre del 2024 trabajan en el diseño de un nuevo modelo tecnológico para el pago de incapacidades, y esperan esté implementado para enero de 2026.
