Organización insta al Gobierno a cumplir compromisos internacionales y garantizar gobernanza marina inclusiva rumbo a la Conferencia de los Océanos en Niza.
A pocos días de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), el Parlamento Cívico Ambiental emitió un manifiesto en el que urge al Gobierno de Costa Rica a asumir compromisos concretos para la protección del océano costarricense, que representa el 92% del territorio nacional.
El Parlamento Cívico Ambiental está compuesto por organizaciones ambientales, academia, ONG y asociaciones, entre otros.
El evento, que se realizará del 9 al 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, es coorganizado por Costa Rica y Francia con el objetivo de acelerar acciones para conservar y utilizar sosteniblemente los recursos marinos.
La organización recordó la Declaración de Paz con los Océanos firmada en junio de 2024 en el país y pidió coherencia en el actuar del Gobierno costarricense. En particular, exigió:
- Detener toda forma de intimidación hacia organizaciones civiles vinculadas a la conservación marina.
- Garantizar la participación ciudadana efectiva en la construcción de la posición nacional rumbo a la UNOC3.
- Respaldar los proyectos de ley para la adhesión al tratado de biodiversidad en aguas internacionales (expediente 24373) y al acuerdo de la OMC sobre subvenciones a la pesca (expediente 24030).
- Cumplir normativas vigentes sobre pesca responsable, observadores a bordo y protección de especies como el tiburón martillo.
- Reactivar el Mecanismo de Gobernanza Marina para una coordinación interinstitucional efectiva.
“El Parlamento Cívico Ambiental y la mayoría de las organizaciones que lo componen, reafirman su respaldo a iniciativas de conservación in-situ y ex-situ, economía azul y restauración marina, y convoca a la ciudadanía a unirse en esta causa común por un futuro sostenible para las comunidades costeras y los ecosistemas marinos”, señaló Jorge Serendero Hülssner, activista y vocero del Parlamento.
El manifiesto también solicita al Ejecutivo avanzar en la reglamentación pendiente de la Ley N.º 10304 sobre la riqueza atunera, así como rendir cuentas sobre la aplicación de decretos y acuerdos que regulan la pesca de especies vulnerables, entre ellos el Decreto Ejecutivo 43900 MAG-MINAE sobre el tiburón martillo y el acuerdo AJDIP/017-2023 sobre captura incidental de picudos.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la sociedad civil a sumarse a la defensa del mar y exhortó al Gobierno a fortalecer la rectoría del sector marino con una política pública efectiva, transparente y participativa.
