No es un secreto que la educación pública costarricense no está pasando por su mejor momento. El más reciente informe del Estado de la Educación en el año 2023 refleja que la educación pública atraviesa por un momento crítico, caracterizado principalmente por una menor inversión educativa, deterioros en la capacidad de los estudiantes de comprender y aplicar sus aprendizajes e incertidumbres en la gestión educativa, especialmente en los niveles de preescolar, educación básica y diversificada.

Si bien el foco de atención de esta crisis se ha enfocado en mejorar la calidad de las mallas curriculares, modernizar los procesos de evaluación y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje de un segundo idioma, llama la atención que las propuestas de mejora de nuestra educación no abordan en su mayoría, el actual modelo de gestión administrativa de la educación, los cuales por décadas se han basado en la gestión de las juntas de educación y juntas administrativas como entidades auxiliares de la administración de centros educativos públicos.

Los orígenes de las juntas de educación se remontan a la promulgación del Código de Educación de 1944 y la Ley Fundamental de Educación en el año 1957, concebidas como un mecanismo de control y participación ciudadana que permitiera integrar a la comunidad y los centros educativos, especialmente en temas de inspección y gestión administrativa de las escuelas y colegios del país, a través de padres y madres de familia que de manera voluntaria y ad honorem, donaban su tiempo en favor de su comunidad educativa.

Mucho ha cambiado desde la creación de estas juntas administrativas, ya que al día de hoy las juntas de educación mantienen funciones de ejecución de Planes Anuales de Trabajo, formulación y gestión del presupuesto asignado, gestión de servicios de comedores escolares y son los encargados de realizar las compras necesarias para el buen funcionamiento del centro educativo, así como la formulación de proyectos de infraestructura educativa, entre otras muchas funciones.

El resultado de este diseño de gestión educativa ha sido cuando menos, insatisfactorio. A criterio de la Contraloría General de la República en su informe Juntas de Educación y Administrativas: el último eslabón en una cadena de mando compleja del año 2019, si bien estamos ante un modelo de participación necesario para la comunidad educativa, lo cierto es que existen debilidades en el nombramiento de las personas voluntarias; existen falencias en la gestión y transparencia en el uso de recursos públicos; son sujetos a engorrosos trámites ante las autoridades educativas, y en la mayoría de los casos, sus integrantes podrían no tener los requisitos mínimos necesarios para hacer frente a tan delicadas funciones.

¿Será entonces este modelo de participación ciudadana el idóneo para hacer frente a tan pesadas labores administrativas? La evidencia parece indicar que no, ya que estamos recargando la gestión administrativa y de control ante personas ciudadanas que donan su tiempo (el cual, en la mayoría de los casos es escaso) para estar al frente de funciones de alta responsabilidad como lo es la compra de materiales didácticos, el mantenimiento de centros educativos o la licitación de compras públicas, entre otras muchas funciones.

El actual modelo de juntas de educación, de manera indirecta, propicia la disparidad entre centros educativos públicos, siendo que la realidad y capacidad de estas para hacer frente a las necesidades materiales de las escuelas y colegios, depende en gran medida de la realidad en la conformación, disponibilidad y mística de cada junta educativa. Estoy seguro que usted, estimado lector, conoce escuelas y colegios que, aunque sean públicos, mantienen realidades muy distintas en cuanto a los recursos, calidad de infraestructura o los servicios que le ofrece a nuestros estudiantes. Todo parece indicar que el origen de estas disparidades puede encontrarse en la capacidad gestora de estos organismos auxiliares de la Administración Pública.

Aunque sería ingrato achacar todos los problemas de nuestra educación a un modelo de gobernanza administrativa de nuestros centros educativos concebido en la mitad del siglo pasado, es necesario repensar el papel de las juntas de educación y juntas administrativas, ya que en el tanto sigan replicando un modelo que no es sostenible en el tiempo, debido principalmente a la dificultad que existe en la actualidad para integrar estos mecanismos de participación ciudadana, a las grandes responsabilidades que deben ejercer ciudadanos costarricenses que donan su tiempo libre de manera desinteresada y los cuales hacen frente a importantes responsabilidades en el manejo de recursos públicos; los resultados podrían ser dispares y en la gran mayoría de casos, insuficientes.

Es hora de repensar a las juntas de educación como mecanismos de planificación y control ciudadano, que acompañen y guíen al Ministerio de Educación Pública en la definición de prioridades en la asignación y ejecución de presupuesto en cada centro educativo, y dejar las labores técnico-administrativas (como gestión de compras y desarrollo de infraestructura) hacia una nueva figura, pagada y fiscalizada por el MEP, que pueda en circuitos escolares, gestionar los centros educativos en esta materia, aprovechando las economías de escala, ahorrando recursos y permitiendo trazar responsabilidades hacia funcionarios que manejan dichos fondos públicos.

Si bien con la reforma introducida en febrero de este año mediante la promulgación de la ley 10631, se lograron establecer ligeros cambios en la normativa que regula a las juntas de educación y juntas administrativas, la realidad es que dicho esfuerzo solo unificó la dispersa normativa existente hasta la fecha, como bien lo indica la exposición de motivos de dicho proyecto de ley, sin que se cuestione el modelo actual de gobernanza de cada centro educativo de nuestro país.

En resumen, aunque no hay una receta mágica que nos permita establecer un modelo de participación, control y gestión educativa perfecto e ideal, es evidente que necesitamos hacer cambios desde adentro. Ante la urgente necesidad de elevar el nivel de la educación costarricense, es necesario iniciar las conversaciones de fondo sobre el modelo y la estructura actual del sistema educativo de nuestro país.

Al final, la educación pública libre, gratuita y de calidad nos conviene a todos.

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