Costa Rica ha priorizado históricamente la educación pública como base de su modelo de desarrollo. Por mandato constitucional, se establece que el Estado debe destinar al menos un 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) al sector. Sin embargo, más allá del volumen del gasto, la pregunta crucial es otra: ¿qué se está logrando con esa inversión?

Los indicadores muestran un panorama preocupante: bajo rendimiento académico, abandono escolar, desigualdad territorial y una marcada desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. A pesar de los recursos asignados, persisten brechas profundas que afectan especialmente a quienes más dependen de la educación pública.

Una parte significativa del presupuesto se concentra en las universidades públicas, que atienden a una fracción menor del total de estudiantes. Por el contrario, la educación preescolar, primaria y secundaria —donde se concentra la mayoría de la población estudiantil— enfrenta limitaciones severas en infraestructura, personal capacitado y materiales didácticos. Esta distribución no solo es desproporcionada, sino que también debilita la base del sistema.

El Gobierno actual ha sido claro en no respaldar aumentos automáticos al FEES. Esta decisión no busca debilitar la educación superior, sino abrir una discusión necesaria sobre el modelo de financiamiento. ¿Está el sistema generando retorno social por cada colón invertido? ¿Existe una evaluación rigurosa del impacto de estos fondos?

Más preocupante aún es el rezago de la educación técnica. Sectores estratégicos como manufactura avanzada, agroindustria y servicios globales necesitan técnicos calificados, pero el país sigue apostando a un modelo universitario tradicional. La educación dual —que ha probado ser exitosa en países como Alemania o Suiza— aún no logra despegar por falta de visión, articulación institucional y compromiso político.

Los países que lideran en calidad educativa no lo hacen necesariamente por invertir más. Estonia, por ejemplo, no supera el promedio de gasto de la OCDE, pero obtiene resultados de excelencia gracias a un enfoque estratégico, énfasis en la formación docente, adaptación curricular y evaluación constante. En resumen, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor.

Reorientar el sistema educativo de Costa Rica implica tomar decisiones concretas: redistribuir los recursos en función del número de estudiantes y sus condiciones; fortalecer seriamente la educación técnica y dual con participación del sector productivo; condicionar el financiamiento público a resultados verificables en cobertura, empleabilidad e innovación; y vincular la política educativa a una estrategia nacional de desarrollo.

La educación debe dejar de ser una discusión centrada en porcentajes y convertirse en una política pública centrada en impacto. Si no se transforma con urgencia el modo en que se gestiona y se ejecuta el gasto, el país seguirá invirtiendo grandes sumas sin transformar realidades. Y ningún presupuesto, por alto que sea, justifica resultados mediocres.

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