Las disputas de paternidad y maternidad no son exclusivas del ámbito familiar o judicial. También son comunes en el terreno de las políticas públicas. En este contexto, no se trata de la crianza de un hijo, sino de la autoría y apropiación de ideas, leyes y reformas que —una vez implementadas— generan impactos tangibles en la vida de los ciudadanos.

Normalmente, estas disputas suelen darse ex post, es decir, una vez que la política ha sido aprobada, aplicada y sus consecuencias —positivas o negativas— son del dominio público. Es entonces cuando unos corren a adjudicarse el crédito y otros a deslindarse del desastre, según corresponda.

Costa Rica tiene múltiples ejemplos. Algunos hitos tienen paternidades bien establecidas y celebradas. José Figueres Ferrer, por ejemplo, abolió el ejército y fundó la Segunda República. Rafael Ángel Calderón Guardia impulsó la creación de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social. Las garantías sociales fueron un caso de paternidad compartida entre Calderón, monseñor Sanabria y Manuel Mora, en un pacto que cambió el rumbo del país.

Otras políticas tienen padres bien identificados, aunque estos hubieran preferido borrar sus nombres del acta de nacimiento. Rodrigo Carazo Odio, por ejemplo, quedó ligado para siempre con la crisis económica de los años 80, conocida popularmente como el Carazazo. Laura Chinchilla con la infame “trocha” fronteriza. Carlos Alvarado con el escándalo de la UPAD, que marcó negativamente su administración.

Podemos encontrar, también, algunas políticas públicas tan vergonzosas que nadie quiere reconocer como propias. No obstante, con solo seguir el rastro del ADN legislativo —votos, proyectos, discursos— se puede identificar a los responsables. La creación de regímenes de pensiones de lujo, que aún hoy drenan recursos públicos de manera obscena, es un claro ejemplo.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa, se presenta un caso inédito de disputa por la maternidad del Proyecto de Ley para la Buena Gobernanza y la Modernización para la Propiedad en Condominios (expediente 24.640).

Se trata de una propuesta de reforma que, de aprobarse, perjudicaría seriamente los derechos de propiedad de los condóminos. Se trata de una reforma hecha a la medida e impulsada abiertamente por algunos grandes Desarrolladores Inmobiliarios que gozan de fuertes conexiones políticas. Ellos, como queda claro de la lectura de la exposición de motivos del proyecto, no quieren perder el tiempo intentando convencer a pequeños propietarios de aprobar los cambios que son de su interés en Asambleas de Condominios, prefieren evitar esas discusiones y, simplemente, imponer su voluntad.

¿En qué consiste la disputa de maternidad?

Por un lado, una abogada de apellido Sandoval, quien se presenta en diversos espacios como la encargada del “lobby legislativo” de esos grandes desarrolladores, reclama la maternidad del proyecto, refiriéndose a él como “su bebé”. Por otro lado, la diputada Daniela Rojas, del PUSC, en la audiencia que me concedió la Comisión de Asuntos Jurídicos para referirme al proyecto de ley, que tuvo lugar el miércoles 23 de abril 2025, claramente molesta, afirmó que ella era la verdadera madre del proyecto y agregó, con toda naturalidad, que la señora Sandoval es, nada más y nada menos, asesora ad honorem de su despacho.

Más allá del conflicto evidente de intereses (tema que merece un artículo por sí solo), este episodio revela cómo el juego político puede convertirse en una telenovela legislativa, donde los intereses de grandes capitales privados se cuelan por la puerta trasera, se maquillan de propuestas técnicas, de la mano de secuaces legislativos, y se intenta mantenerlos en la oscuridad hasta que sea el momento de presentarlos como "hijos legítimos" ante la opinión pública.

El criterio para apoyar reformas no puede depender de quiénes las firman ni de quiénes las amamantan financiera o políticamente. Las propuestas de reforma deben evaluarse, de manera objetiva, por su mérito técnico y su impacto esperado. Algunas políticas merecen reconocimiento, otras nuestro rechazo. Sin embargo, lo que es claro es que todas deben ser sometidas al escrutinio público. Como ciudadanos, no debemos ceder ante caprichos políticos personales ni ante potenciales planes de negocios encubiertos que buscan beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría.

Es muy lamentable que, mientras en el despacho legislativo de la diputada Rojas se pelean por la maternidad simbólica de este nocivo proyecto que amenaza los derechos de propiedad de cientos de miles de costarricenses que viven en condominios, los otros diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, los aspirantes a la Presidencia de la República 2026-2030 y los líderes de las principales cámaras empresariales del país prefieren guardar silencio cuando se les pregunta cuál es su posición con respecto a este adefesio regulatorio que debería sepultarse sin más dilación.

Si después de leer esto querés tomar acción para defender lo que es tuyo, firmá la petición #NOTEMETÁSCONMIPROPIEDAD en la plataforma change.org.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.