El plan también crea un fondo de subsidio al transporte para familias pobres, financiado con peajes.
Un proyecto de ley presentado por la diputada independiente, Kattia Cambronero Aguiluz, pretende transformar el sistema de transporte público en el país al establecer un marco legal que favorezca la transición hacia unidades eléctricas y tecnologías limpias.
El expediente 25.058 “Incentivos para la Transición a un Transporte Público Limpio y Eficiente”, propone cambios a la Ley 3503. El proyecto de ley busca ampliar el plazo de concesión de 7 a 15 años para operadores de buses, autobuses y busetas que brindan el servicio de transporte público, siempre que utilicen al menos un 51% de unidades eléctricas y cumplan un cronograma progresivo de adopción tecnológica.
Además, introduce beneficios fiscales como créditos en el impuesto sobre la renta por la compra de autobuses eléctricos y permite la creación de consorcios entre operadores de transporte y empresas distribuidoras de energía.
El proyecto también faculta a las municipalidades a establecer estaciones de recarga eléctrica en terminales de buses y permite el uso comercial parcial de estos espacios para asegurar su sostenibilidad financiera. Las empresas públicas y privadas podrán desarrollar los centros de recarga, y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) será la encargada de definir tarifas diferenciadas para estos puntos de suministro.
Asimismo, se crea un fondo de subsidio al transporte público para familias en condición de pobreza, financiado con el 40% de los ingresos por peajes. Otro 40% de estos recursos se destinará al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
La iniciativa introduce, además, medidas obligatorias como la implementación de carriles exclusivos para autobuses en rutas nacionales con más de dos carriles por sentido, sanciones por invasión de estos carriles, y ajustes en los procedimientos tarifarios para incentivar la eficiencia y la transparencia.
La propuesta de ley cuenta con el apoyo de las independientes Gloria Navas Montero, Johana Obando Bonilla y María Marta Padilla Bonilla; y los liberacionista Pedro Rojas Guzmán y Monserrat Ruiz Guevara.
Este proyecto, al igual que el expediente 25059, se construyó desde el despacho de la congresista Cambronero Aguiluz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras espacios de intercambio con autoridades nacionales, empresas distribuidoras, cooperativas, representantes del sector industrial, organizaciones de usuarios y expertos en política energética.
