La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes convocar al presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, para que declare bajo la fe y la gravedad del juramento sobre la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica.
La moción fue presentada por la diputada jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, tras concluir dos sesiones en las cuales el foro legislativo recibió a los miembros destituidos de la junta, quienes denunciaron violaciones al debido proceso en su contra e injerencia indebida del gobierno de Chaves en la toma de decisiones de la junta directiva.
A favor de la moción votaron Dinorah Barquero Barquero, Andrea Álvarez Marín y Francisco Nicolás Alvarado de Liberación Nacional; la frenteamplista Rocío Alfaro Molina, la oficialista Luz Mary Alpízar Loaiza y la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz. El diputado de gobierno, Manuel Morales Díaz, votó en contra.
La fecha de la audiencia deberá ser definida próximamente.
El 28 de mayo, el Poder Ejecutivo anunció la remoción de toda la junta directiva, tras un procedimiento administrativo encabezado por el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig. Según Casa Presidencial, los miembros fueron separados por la designación supuestamente “ilegítima” de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerenta general del banco.
En ese momento, el Gobierno alegó que el nombramiento se dio mediante un proceso “poco transparente y apurado”. Sin embargo, apenas un día antes de la convocatoria a Chaves, el diario La Nación reveló que el informe final del procedimiento disciplinario no encontró pruebas de irregularidades en la selección de Ulloa, aunque la decisión de destituir quedó en manos del propio Brunner.
La Junta Directiva destituida defendió públicamente el nombramiento, afirmando que el proceso fue “amplio y transparente”, liderado por la firma Doris Peters & Asociados y con apego a los requisitos legales. Ulloa había obtenido la mejor calificación entre los aspirantes y fue nombrada para un periodo de seis años.
