Las personas firmantes, miembros de la Comunidad Universitaria, expresamos nuestra profunda preocupación por el clima de polarización, desinformación y ataques que atraviesa actualmente la Universidad de Costa Rica.
Rechazamos cualquier intento de sustituir los mecanismos legales establecidos por juicios mediáticos o presiones internas y externas que debilitan la institucionalidad universitaria y el Estado de Derecho. El respeto al debido proceso, en las instancias legales y en los procedimientos institucionales establecidos, es indispensable para resolver cualquier diferencia o denuncia, sin importar su gravedad.
Valoramos el derecho a la protesta y la libertad de expresión, fundamentales en una Universidad crítica, plural y democrática. Pero estos derechos deben ejercerse sin recurrir a vías de hecho, ni afectar el funcionamiento y estabilidad de una institución que por más de ocho décadas ha sido baluarte del pensamiento libre, conocimiento científico y compromiso social.
Hacemos un llamado a toda la Comunidad Universitaria —estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades— a retomar el camino del diálogo respetuoso, la escucha activa y la reflexión serena. Las diferencias deben canalizarse por las vías institucionales y nacionales adecuadas, sin ceder a la tentación de las descalificaciones personales, los discursos de odio o la destrucción simbólica.
La Universidad de Costa Rica enfrenta desafíos profundos que exigen madurez, responsabilidad colectiva y una defensa firme de su misión. En el contexto actual, en que se avecina una nueva negociación del FEES y se debaten temas cruciales para la Educación Superior Pública, la unidad institucional debe ser una práctica activa y un compromiso compartido.
Protejamos los principios, valores e institucionalidad que nos han permitido construir una Universidad sólida, crítica y comprometida con el país.
La Universidad de Costa Rica merece altura, merece equilibrio y, sobre todo, merece respeto.