Según el ente defensor, los casos denunciados reflejan partos en "condiciones indignas, errores en los diagnósticos que pusieron en riesgo vidas y atención despersonalizada en situaciones de alto riesgo obstétrico".

La Defensoría de los Habitantes alertó sobre la persistencia de prácticas que constituyen violencia obstétrica en diversos hospitales del país, tras analizar e investigar denuncias recibidas entre los años 2022 y 2025. Entre las situaciones reportadas por usuarias de los servicios de salud se identifican maltrato verbal, negación del derecho al acompañamiento durante el parto, realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado, y falta de atención a las condiciones emocionales y psicológicas de las pacientes. 

A estas denuncias se suma un informe elaborado por la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras visitar doce hospitales en 2024, en los servicios de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Se determinó que muchas mujeres se sintieron maltratadas o ignoradas durante su atención. Entre los principales hallazgos se mencionan decisiones médicas sin explicaciones, contradicciones entre profesionales, comentarios despectivos, falta de apoyo tras el parto, y ausencia de canales claros para expresar dudas.

Asimismo, la Auditoría detectó problemas estructurales, como la escasa capacitación del personal en trato respetuoso, debilidades en infraestructura, ausencia de encuestas de satisfacción usuaria, y falta de espacios adecuados para adolescentes o mujeres que enfrentan pérdidas gestacionales. No obstante, reconoció también iniciativas positivas impulsadas por el personal de salud en algunos centros, como el Proyecto Angelitos.

La Defensoría considera especialmente relevante este informe al provenir de la propia CCSS, lo que refuerza la necesidad urgente de actuar. Ante este panorama, el ente defensor emitió una serie de recomendaciones a la CCSS, entre las que se destacan:

  • Garantizar el cumplimiento de normativas y protocolos vigentes.
  • Establecer mecanismos de monitoreo y fiscalización de los servicios de gineco-obstetricia.
  • Oficializar, divulgar e implementar la Estrategia Institucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica en la CCSS.
  • Promover una transformación cultural en el abordaje de la violencia obstétrica mediante formación y capacitación continua.

Además, insistió en la necesidad de:

  • Aplicar de forma rigurosa los criterios médicos para el uso de medicamentos en la inducción del parto.
  • Reforzar en el personal de salud un trato cálido, empático y respetuoso hacia las usuarias.
  • Asegurar el acceso a información clara, coherente y oportuna.
  • Brindar atención psicológica y acompañamiento adecuado a mujeres que han sufrido una pérdida gestacional.
  • Garantizar el derecho a denunciar y asegurar que toda denuncia sea investigada sin dilaciones.