Fiscalía cuenta con un "testigo de la corona" en la causa contra el mandatario.

La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, por un presunto delito de concusión relacionado con la contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena bajo el expediente 25-000019-0033-PE, con el objetivo de que los magistrados evalúen trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, órgano competente para levantar la inmunidad de ambos jerarcas.

La figura penal invocada —la concusión— está tipificada en el artículo 355 del Código Penal y se castiga con penas de hasta ocho años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, la contratación por $405.800, adjudicada a la empresa RMC La Productora S. A. (también conocida como Nocaut), fue fraguada a la medida del empresario Christian Bulgarelli Rojas, con el propósito de canalizar recursos públicos hacia allegados del mandatario. Entre ellos figura Federico “Choreco” Cruz Saravanja, exasesor de imagen de Chaves, quien habría recibido $32.000 para la compra de una vivienda.

De acuerdo con la acusación, tanto Chaves como Rodríguez Vives —quien al momento de los hechos era jefe de despacho del presidente— sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli en Casa Presidencial y lo instruyeron para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato que eventualmente ganaría. La Fiscalía argumenta que estas acciones constituyen una violación al artículo 355 del Código Penal, que sanciona con penas de entre 2 y 8 años a cualquier funcionario que, abusando de su cargo, obligue o induzca a una persona a dar o prometer beneficios patrimoniales indebidos.

La tesis del Ministerio Público se apoya, entre otras pruebas, en los denominados Audios de la Presidencia, una serie de grabaciones de reuniones sostenidas en Zapote tras la toma de posesión de Chaves en mayo del 2022. En una de ellas, el mandatario pidió expresamente el contrato con el BCIE y mencionó que tenía “un montón de antojos”, además de consultar si Cruz Saravanja estaría incluido entre los beneficiarios del acuerdo.

En este proceso, Bulgarelli no será acusado, pues se le otorgó un criterio de oportunidad a cambio de colaborar como "testigo de la corona". El empresario, quien fue quien ganó el contrato, admitió haber elaborado los términos de referencia y reconoció que conocía con anticipación que cumplía con todos los requerimientos. Su colaboración está condicionada a que los datos aportados resulten útiles y veraces para el avance del proceso penal; de lo contrario, la acción penal en su contra será retomada.

En paralelo, la Fiscalía abrió una causa separada contra Cruz Saravanja —quien no goza de inmunidad— por los mismos hechos, bajo el expediente 25-000044-0033-PE.

Durante el desarrollo del caso, tanto Casa Presidencial como el BCIE intentaron mantener bajo reserva el expediente completo de contratación. La Presidencia solo divulgó parcialmente el contenido tras una solicitud de acceso, omitiendo documentos claves como criterios técnicos previos, transferencias bancarias y correos electrónicos entre las partes involucradas. Además, en diciembre del 2023, se conoció que el monto inicial del contrato fue ampliado en un 35% sin informar públicamente, pasando de $300.000 a $405.800.

El Ministerio Público también informó que, en enero pasado, agentes del OIJ secuestraron las grabaciones clave del caso en la residencia de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien declaró como testigo y justificó las grabaciones por sospechas de posibles irregularidades legales y éticas.

El proceso ahora está en manos de la Corte Plena, que deberá decidir si remite la acusación al Congreso. En caso afirmativo, será la Asamblea Legislativa la que determine si levanta la inmunidad de Chaves y Rodríguez para que enfrenten juicio, en ambos casos necesitando al menos 38 votos para que así sea dispuesto.

Este caso también fue investigado por una comisión de la Asamblea Legislativa, el cual emitió una serie de recomendaciones de sanciones éticas y legales contra las personas involucradas.

Encuentro tenso entre Chaves y Bulgarelli

Como parte del expediente judicial, la Fiscalía también incorporó dos videos que registran un encuentro tenso entre el presidente Chaves y el productor audiovisual Christian Bulgarelli. Las imágenes, reveladas por el diario La Nación, corresponden al mediodía del 21 de marzo, en el restaurante Sapore Trattoria, ubicado sobre la avenida segunda en el centro de San José.

Uno de los videos, captado por una cámara de seguridad del local, muestra al mandatario ingresando al lugar acompañado por la diputada Pilar Cisneros y tres escoltas. Apenas percibe la presencia de Bulgarelli —quien almorzaba con su esposa embarazada y otras dos personas—, se le acerca de forma directa y le señala.

Un segundo video, grabado con un celular por la esposa del empresario, registra a Chaves diciendo:

Yo no sé qué le pasa a este señor. Tenga paz, amigo, tenga paz, tenga paz. No, no, no, deje a este señor en paz, déjelo ahí sentadito. Si tiene algún problema que me lo venga a decir a mí, yo no tengo problemas con nadie".

Fuera de cuadro, una voz responde: “Pachuco”, mientras el mandatario se retira hacia otro salón del restaurante. Uno de sus escoltas se quedó cerca de la mesa de Bulgarelli y otro permaneció en la puerta.

Los videos forman parte del expediente 25-000019-0033-PE. La escena ocurrió dos semanas antes de que la Fiscalía presentara formalmente la acusación contra el presidente y su ministro.