La Asociación Bancaria Costarricense cuestiona el Expediente 23.908 por considerar que impone una responsabilidad automática a los bancos y favorece esquemas delictivos.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) expresó su preocupación por el Proyecto de Ley N.º 23.908, impulsado por el diputado Óscar Izquierdo, que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. Según la ABC, la iniciativa obligaría a los bancos a responder económicamente en todos los casos de estafa, incluso cuando hayan actuado con diligencia y tomado medidas para evitar el delito.
Para la organización, esta propuesta representa un enfoque “simplista, irresponsable y riesgoso”, que podría facilitar nuevos esquemas de fraude y terminar financiando al crimen organizado. Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, explicó que “el proyecto de ley adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos. En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a los bancos”.
Cubero advirtió que establecer una responsabilidad automática podría incentivar nuevas modalidades delictivas, como reportes falsos de estafas para obtener reembolsos. Además, señaló que la medida trasladaría costos al sistema financiero, afectando a todos los usuarios: “Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores”.
Desde la perspectiva jurídica, la ABC considera que el proyecto viola principios constitucionales de razonabilidad y justicia. Cubero indicó que “la justicia exige un sano balance que pondere también el deber de cuidado y diligencia de los clientes en relación con el uso de los canales digitales y en particular de sus claves de acceso”.
Como ejemplo, la ABC citó la experiencia de Chile, donde una reforma legal aprobada en 2020 estableció la responsabilidad automática de los bancos en fraudes con tarjetas. Según el Informe de Sistemas de Pago del Banco Central de Chile, en 2023 las pérdidas por fraude digital se duplicaron respecto al año anterior, lo que llevó a una nueva reforma en 2024 para corregir los efectos negativos de la norma.
En Costa Rica, la ABC señala que ya existe normativa que regula la responsabilidad en estos casos y que ha permitido resolver múltiples procesos a favor de los clientes. Además, a partir del 1.º de junio entrará en vigor un nuevo reglamento de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que reforzará los controles de prevención de fraudes electrónicos en todas las instituciones financieras.
Por estas razones, la ABC insta a los legisladores a rechazar el proyecto y a impulsar estrategias integrales que combatan el fraude sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero ni favorecer la criminalidad.
