La propuesta de ley expediente 23.719 introduce cambios profundos al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), debilitando su financiamiento y poniendo en riesgo el acceso a vivienda social de los costarricenses. Además, crea una mega estructura para administrar los cuidados, lo que podría generar conflictos con instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Si bien el SFNV podría beneficiarse de reformas para modernizarlo y mejorar su eficiencia, y desde luego, también es necesario fortalecer la economía de los cuidados, este tipo de propuestas deben discutirse de manera transparente y siguiendo el estilo costarricense de hacer política: sin intentos de aprobación apresurada o discreta como es el caso que nos ocupa.
La propuesta plantea un recorte alarmante en términos de financiamiento de vivienda social, además de modificar la población objetivo y los criterios de acceso al Fondo de Subsidios de Vivienda (Fosuvi), lo que significa menos viviendas para familias de escasos recursos, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, quienes dependen de este apoyo para acceder a una vivienda digna. El financiamiento actual ya es insuficiente (y el más bajo de toda la historia reciente de Costa Rica) para resolver el acceso a vivienda de los más vulnerables y la clase media; un recorte de esta naturaleza solo agravaría la crisis.
Además del severo impacto en la vivienda, el proyecto introduce un complejo sistema de prestaciones sociales para la atención de cuidados, casi tan complejo como el de la normativa vigente del IMAS, y en algunos casos podría generar duplicidades con esta institución. La creación de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia (Sinca), adscrita al IMAS, genera preocupaciones sobre una posible duplicidad de funciones con esta institución, sin mencionar las importantes excepciones fiscales que se le otorgarían a las empresas privadas, asociaciones solidaristas y cooperativas autogestionarias vinculadas a la iniciativa.
Más allá de la importancia de fortalecer los servicios de cuidados o reformar el SFNV, lo realmente preocupante es la forma en que últimamente se están impulsando estos cambios. Aunque el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos fue consultado sobre este proyecto, no se socializó la propuesta con otros actores clave, como las entidades autorizadas, sorprendentemente, tampoco con el Banco Hipotecario de la Vivienda, el principal afectado por la reforma. Los proponentes tampoco hicieron lo propio con Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Algunos especialistas en el esquema de los cuidados, consultados para la elaboración de este artículo, tampoco fueron tomados en cuenta.
Si la intención es realmente mejorar el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, ¿por qué no se ha abierto el debate para incluir a los especialistas en la materia? Alterar la estructura existente en vivienda y cambiar los estratos existentes y la metodología de selección de beneficiarios son decisiones de alto impacto social que no pueden tomarse a espaldas de quienes serán los más afectados. De igual manera, si el propósito es fortalecer la economía de los cuidados, ¿por qué no se socializa el proyecto para encontrar soluciones equilibradas que permitan no solo otorgar exenciones fiscales al sector privado, sino también fortalecer el sistema público y garantizar su universalidad?
El proyecto sigue en fase de consultas y aún puede recibir mociones de enmienda vía artículo 137. Justamente por eso es momento de alzar la voz, para que las correcciones se hagan a tiempo y con criterio, evitando que una reforma apresurada termine perpetuando los mismos problemas que pretende resolver.
El debate sobre estas reformas es esencial y debe llevarse a cabo con rigor técnico, de manera abierta y de forma transparente. Invito a los proponentes de la iniciativa a abrir el diálogo con los expertos en vivienda, cuidados y política social para construir soluciones viables y sostenibles que realmente puedan nacer a la vida jurídica y que beneficien a las personas que continúan esperando por vivienda y cuidados.
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