En un hecho sin precedentes y sumamente peligroso, el presidente Rodrigo Chaves encabezó el pasado martes 18 de marzo, una manifestación exigiendo la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz. Este acto no solo es una violación al principio de separación de poderes, sino una declaración de guerra contra la institucionalidad del país. Chaves está cruzando una línea que pone en jaque la democracia costarricense, imitando el manual de los caudillos autoritarios que han llevado a sus países al colapso.

Lo que el gobierno pretende vender como una legítima protesta ciudadana es, en realidad, un burdo intento de manipulación. No es casualidad que entre los asistentes estuvieran figuras como Katerina Müller, exministra de Educación, y Laura Fernández, exministra de la Presidencia, ambas involucradas en polémicas que dañaron la imagen del Ejecutivo. Este no es un movimiento espontáneo: es un show político diseñado para desviar la atención de los escándalos de corrupción que golpean a la administración de Chaves.

El paralelismo con Hugo Chávez en Venezuela es imposible de ignorar. Al igual que el líder bolivariano, Rodrigo Chaves ha optado por movilizar a las masas contra las instituciones democráticas, señalando enemigos ficticios para consolidar su poder. Es la estrategia del populista clásico: crear crisis artificiales, generar indignación y presentarse como el salvador de la patria. Hoy es el Fiscal General, mañana será cualquier otra institución que se interponga en su camino.

Pero la maniobra es aún más grave si consideramos el trasfondo. ¿Por qué tanto interés en la destitución de Carlo Díaz? La respuesta es evidente: Chaves quiere controlar el Ministerio Público, la entidad encargada de investigar los delitos de su gobierno. Si logra su cometido, tendrá el poder de enterrar cualquier caso incómodo, asegurando impunidad para él y su círculo cercano. Estamos viendo un intento descarado de someter la justicia al poder presidencial.

La movilización de ayer no fue un acto de democracia, fue un simulacro de protesta orquestado desde Casa Presidencial. No hubo indignación genuina ni un clamor ciudadano espontáneo, sino un espectáculo montado con fines políticos. Las pancartas, los discursos y la presencia de funcionarios afines a Chaves solo evidencian una estrategia peligrosa: normalizar la persecución de quienes fiscalizan el poder. Esto es una alerta roja para Costa Rica.

Las consecuencias de este tipo de maniobras son predecibles y desastrosas. Si permitimos que un presidente en funciones movilice a la ciudadanía en contra de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes, estaremos allanando el camino a la arbitrariedad y la concentración del poder. Las democracias no caen de la noche a la mañana, se erosionan lentamente, con actos que parecen aislados pero que en conjunto construyen un autoritarismo solapado.

El discurso de Chaves, plagado de ataques al Ministerio Público y de victimización, es una copia del libreto de otros líderes que han socavado sus países desde adentro. Primero es el Fiscal General, luego serán los jueces, después la prensa crítica y finalmente cualquier voz disidente. Es el mismo método que han usado otros mandatarios con tendencias autoritarias en América Latina.

Costa Rica no puede permitirse ser el próximo experimento de este guión. La ciudadanía debe reaccionar y defender la institucionalidad con la misma vehemencia con la que algunos han salido a apoyar al presidente. No se trata de un debate político entre izquierda y derecha, se trata de la supervivencia de la democracia misma.

Cada ciudadano debe preguntarse: ¿estamos dispuestos a permitir que un presidente use las calles como un arma contra la democracia? La respuesta debe ser un rotundo NO. La movilización popular debe ser para defender las instituciones, no para destruirlas al servicio de un proyecto personalista y peligroso. Si Costa Rica no se planta hoy, mañana podría ser demasiado tarde.

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