Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, y la respuesta del Estado ha sido insuficiente. La seguridad ciudadana no es solo una responsabilidad gubernamental, sino un reto compartido que requiere la participación activa de todos los sectores sociales y productivos del país. Es momento de unir esfuerzos y actuar de manera coordinada para mitigar el impacto de la criminalidad y fortalecer la prevención de la violencia.
La inversión en prevención: un pilar fundamental
Desde hace años se ha hablado de la necesidad de fortalecer la inversión en programas de prevención, pero en la práctica, estos proyectos han sido desfinanciados. Organizaciones no gubernamentales y entidades estatales encargadas de la protección de la niñez y la familia a través de los años han visto recortados sus presupuestos, afectando la capacidad de respuesta en ámbitos clave como; educación, empleo y cohesión social.
Si bien la inversión en educación y políticas de prevención es una estrategia a largo plazo, en este momento el país enfrenta una emergencia que requiere acción inmediata. La crisis de seguridad que vivimos no surgió de la noche a la mañana; es el resultado de un descuido en la administración del riesgo, que ha permitido que la violencia se propague hasta convertirse en un incendio que hoy nos consume.
El rol del sector privado y la sociedad civil
Ante la urgencia del momento, nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer desde el sector privado? ¿Cuál es el papel de Uccaep, del Colegio de Abogados y Abogadas, y de los distintos espacios de encuentro multisectoriales? La realidad es que, aunque la gestión de políticas públicas corresponde al Estado, la sociedad civil y el sector productivo pueden contribuir de manera significativa. La articulación entre sectores permite generar propuestas concretas, ofrecer apoyo técnico y financiero, y exigir una respuesta efectiva y bien fundamentada por parte de las autoridades.
Además, es fundamental trabajar con una base científica que permita tomar decisiones informadas. No podemos permitirnos respuestas improvisadas o populistas que no enfrenten oportunamente las causas estructurales de la problemática. Debemos construir estrategias basadas en evidencia, fortaleciendo la colaboración público-privada para atender las necesidades de las comunidades más vulnerables y evitar que más jóvenes sean captados por estructuras criminales, como está pasando en este momento incluso con personas menores de edad de 10 o 12 años incluso.
Mirando hacia el futuro
Estamos a pocos meses de un cambio de gobierno, y es el momento oportuno para que el sector privado y la sociedad civil presenten propuestas concretas a las personas aspirantes a la presidencia. Es imprescindible dar seguimiento a las políticas que están en curso y trabajar en aquellas que no serán ejecutadas en esta administración.
Es hora de que las instituciones privadas, la academia, las organizaciones sociales, y el sector productivo sumen esfuerzos en un frente común contra la violencia. No podemos normalizar la delincuencia, ni insensibilizarnos ante la brutalidad de los crímenes que vemos a diario en las noticias. Debemos recuperar nuestra capacidad de asombro y nuestra determinación para exigir respuestas y soluciones en conjunto.
La seguridad ciudadana es un reto compartido, y solo mediante la cooperación y el compromiso de todos los sectores podremos construir un país más seguro y justo. Es momento de actuar.
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