Representante de empresas condenadas deberá pagar 7.6 millones, más los costos de restituir el cauce.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el Tribunal Penal de Cartago declaró con lugar la acción civil resarcitoria que presentaron en el expediente 19-00025-0611-PE, en la que se declaró a Néstor Mata Solano autor responsable de un delito de usurpación por desviar el cauce de la quebrada Las Caídas, y por ocupar el cauce original con obras civiles, en perjuicio de los recursos naturales.

Dato D+: La acción civil resarcitoria es un mecanismo legal que permite a las víctimas de un delito, incluyendo al Estado a través de la PGR, reclamar daños y perjuicios dentro del proceso penal, buscando la restitución de lo perdido y la compensación por los perjuicios sufridos.

Según informó la PGR el Tribunal de Cartago ordenó la restitución del cauce de la quebrada en su condición original dentro de las propiedades y sus respectivas zonas de protección, lo cual deberá hacerse en coordinación con la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y la Municipalidad de Cartago.

La acción civil de la PGR fue presentada en contra de las empresas demandadas Franes Sociedad Anónima y ROM de Turrialba S.A., representadas por Mata Solano, quien deberá pagar 7.6 millones de colones, por los siguientes rubros:

  • 5.494.610 colones (más los intereses que se generen a partir de que la sentencia quede en firme) solicitados por la PGR.
  • 1.098.922 colones por el pago de costas personales.
  • 1.098.922 colones por los honorarios por la interposición de la querella.

Además, la PGR indicó que como parte de la reestructuración ordenada del cauce deberá destruirse cualquier obra de los inmuebles que se encuentren dentro de la zona del cauce desviado y sus zonas de protección, según lo establecido por la Dirección de Aguas del Minae. Estos gastos deberán ser asumidos por los condenados civiles.

Además, a Mata se le impuso la pena de un año de prisión, sin embargo, se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de tres años.