La protección de los derechos de las personas adultas mayores con discapacidad en Costa Rica enfrenta desafíos significativos. Aunque el país ha dado pasos importantes hacia un modelo basado en derechos humanos, el acceso efectivo a la justicia sigue siendo una barrera para muchas personas en situación de vulnerabilidad donde el tiempo en factor determinante.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población de 65 años y más en Costa Rica representaba el 11,2% en 2024. Se proyecta que esta proporción aumente al 18,5% para 2030 y al 25% para 2050. ​Además, aproximadamente el 8% de la población adulta en Costa Rica, equivalente a unas 280.000 personas, experimenta dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria, lo que indica una situación de dependencia funcional. Estos datos resaltan la creciente necesidad de implementar procesos de salvaguardia y políticas públicas orientadas a proteger y apoyar a las personas adultas mayores en situación de dependencia en el país.

El proceso de salvaguardia, regulado por la Ley 9379 de Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad, se ha convertido en un mecanismo crucial para garantizar que los adultos mayores con discapacidad intelectual o psicosocial puedan tomar decisiones informadas y recibir el apoyo necesario sin que se les prive de su capacidad jurídica.

Sin embargo, el Poder Judicial enfrenta dificultades en la implementación de salvaguardias para adultos mayores con discapacidad. La burocracia y la falta de coordinación interinstitucional han ralentizado los procesos, afectando directamente a una población que requiere respuestas oportunas.

Por décadas, la protección de las personas adultas mayores con discapacidad se ha basado en enfoques asistencialistas y paternalistas que las han colocado en una posición de dependencia. El modelo tradicional las ha visto como sujetos pasivos, mientras que el enfoque médico ha intentado normalizar sus condiciones sin atender sus derechos fundamentales.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores han impulsado un cambio de paradigma, promoviendo la autonomía y la participación plena de las personas mayores en la toma de decisiones. En este contexto, el proceso de salvaguardia es un instrumento esencial para garantizar que las personas adultas mayores con discapacidad sean reconocidas como sujetos de derecho.

El procedimiento permite que estas personas reciban apoyo en aspectos clave de su vida, como la administración de bienes, la toma de decisiones médicas y la firma de contratos, sin que se les sustituya en su capacidad jurídica. Pero su efectividad depende de la capacidad del sistema judicial para garantizar un acceso ágil y sin trabas a este mecanismo.

Poner especial atención al accionar del Poder Judicial en la agilización del proceso de salvaguardia en personas adultas mayores con discapacidad es fundamental por varias razones.

El acceso oportuno a la justicia es un derecho fundamental. Sin embargo, la lentitud en la resolución de estos procesos puede exponer a las personas mayores a situaciones de vulnerabilidad como la explotación financiera, el despojo de bienes y la institucionalización forzosa. La burocracia judicial, sumada a la falta de coordinación con otras instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), impide la implementación rápida de medidas de protección.

El sistema judicial también enfrenta barreras de accesibilidad. A pesar de los esfuerzos por adaptar los procedimientos a las necesidades de las personas mayores con discapacidad, aún persisten dificultades como la falta de infraestructura adecuada en los edificios judiciales y la complejidad de los trámites administrativos. Estas barreras generan exclusión y dificultan el acceso a la justicia.

Además, la falta de capacitación del personal judicial agrava la situación. Aunque se han implementado políticas para mejorar la atención a las personas adultas mayores, muchos funcionarios carecen de formación especializada en derechos humanos, atención a la discapacidad y por supuesto en gerontología. Esta deficiencia puede resultar en interpretaciones erróneas de la ley y en procesos que no garantizan la autonomía de las personas mayores.

Garantizar la rapidez y efectividad en los procesos de salvaguardia no solo protege los derechos de las personas adultas mayores con discapacidad, sino que también fortalece el sistema judicial y optimiza su eficiencia. En la vejez, cada día cuenta. La justicia tardía no es justicia. La garantía de derechos de las personas adultas mayores con discapacidad no puede esperar, porque el tiempo es un factor que no se detiene y la dignidad no admite demoras.

La agilización de estos trámites permitiría prevenir situaciones de abuso y explotación, estableciendo medidas de protección antes de que ocurran daños irreparables. También garantizaría que las personas adultas mayores reciban respuestas judiciales oportunas, evitando que la demora en los procesos les impida ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

El sistema de salvaguardia debe centrarse en la promoción de la autonomía y la capacidad jurídica de las personas adultas mayores con discapacidad. En lugar de recurrir a la sustitución de la capacidad jurídica, el modelo debe garantizar apoyos personalizados que respeten la voluntad de cada individuo. Para ello, es esencial que el Poder Judicial no solo agilice los procedimientos, sino que también implemente soluciones que empoderen a las personas mayores en la toma de decisiones sobre su vida.

La digitalización de trámites, la simplificación de procedimientos y la adopción de protocolos claros de atención prioritaria son algunas de las estrategias que podrían mejorar la eficiencia del sistema judicial en estos casos. La capacitación continua de jueces y funcionarios también es clave para garantizar que los procesos de salvaguardia se ajusten a los principios de derechos humanos y de gerontológicos.

Costa Rica tiene el reto de consolidar un sistema de justicia que responda de manera eficiente a las necesidades de las personas adultas mayores con discapacidad. El país ha avanzado en el reconocimiento de la autonomía de las personas adultas mayores con discapacidad, pero el camino hacia una justicia inclusiva y accesible aún enfrenta desafíos. El Poder Judicial debe actuar con urgencia y sensibilidad para garantizar que las personas adultas mayores con discapacidad accedan a la justicia de manera efectiva. La agilización de los procesos de salvaguardia no solo protegerá a esta población de posibles abusos y explotación, sino que también garantizará su autonomía y dignidad.

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