Puntarenas es la provincia más extensa de Costa Rica, con una superficie de 11,267 Km2 que corresponde al 22,5 % del territorio nacional. Se extiende desde la parte sur de la Península de Nicoya hasta la frontera con Panamá.

A pesar de su gran riqueza cultural y ambiental, es la provincia con mayor desigualdad social, especialmente en las regiones Brunca y Pacífico Central. La pobreza en Puntarenas ha alcanzado los niveles más elevados en todo el país, un 30% aproximadamente, tanto en la franja costera como en la zona rural. El acceso al empleo, vivienda y seguridad resulta cada vez más difícil. Esto se puede evidenciar en las tasas de desempleo muy por encima del promedio nacional.

Fenómeno de la gentrificación

El aumento de las brechas sociales se ve reflejado en la infraestructura hotelera de gran magnitud producto del fenómeno de la Gentrificación y Turistificación, donde los extranjeros multimillonarios, desplazan a los locales, o bien, se elevan los precios del comercio local, esto se puede observar en el distrito de Cóbano por ejemplo, así como en el cantón de Garabito (Jacó), Osa y Quepos.

Las zonas costeras han sido objeto de importantes presiones constructivas de obras habitacionales y comerciales. En el 2023, las provincias de Guanacaste y Puntarenas ocuparon el segundo y cuarto lugar en metros construidos.

En el caso de Puntarenas, las cifras registradas en el CFIA detallan que para el 2014 se tramitaron 236.351 m2 para obra habitacional nueva, mientras que para el 2024, la cifra llegó a los 501.672 m2.

Lo que más preocupa a raíz de las obras habitacionales y comerciales, es que el 85% de los planes reguladores costeros existentes carecen de viabilidad ambiental (PEN, 2021). En muchos tramos de la zona marítimo-terrestre (ZMT) se han experimentado desarrollos y construcciones ilegales, que amenazan los ecosistemas marino-costeros y la calidad de las atracciones turísticas (OCDE, 2023).

La provincia más violenta

A todos estos males, se suma la alta tasa de violencia, especialmente contra las mujeres en escenarios intrafamiliares que llegan a desencadenar en femicidios. Puntarenas es la provincia que más ejerce violencia contra las mujeres en todo el país, a su vez, el crimen organizado es el principal detonante detrás del aumento de la violencia homicida. Factores como el desempleo, el narcotráfico y la deserción escolar, son el caldo de cultivo para incrementar los índices de violencia.

La crisis del agua es otro gran problema, los años pasan y el desabastecimiento y contaminación de las aguas continúa, afectando tanto a las familias como los comercios turísticos y pesqueros, mayormente. Cada vez los cortes de agua son más largos y comunes, situación que se intensifica durante las sequías. Es claro que esta situación no sucede en los grandes complejos turísticos y zonas gentrificadas.

Según el más reciente Informe del Estado de la Nación, existe una gran desatención con respecto al abastecimiento de agua en Puntarenas, en donde sobresalen los acueductos de Barranca-El Roble-Chacarita, Esterillos Parrita, Sistema Integrado de Corredores, Las Tablas Coto Brus, y en general la Región Brunca. Es notorio que la crisis del acceso al agua se acentúa especialmente en las zonas fronterizas, costeras y los territorios indígenas.

Pueblos indígenas y campesinos amenazados

Es obligatorio señalar los grandes desafíos del Estado para proteger los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, tanto en la tenencia de sus tierras, la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas, así como en las nuevas dinámicas en la agricultura que amenazan sus tradiciones y cosmovisión, esto debido a que Costa Rica en los últimos años ha aumentado su dependencia de las importaciones de agroinsumos y granos básicos, en especial el uso cuestionable de semillas transgénicas. Existe una deuda histórica de los gobiernos de turno en atender de manera responsable y permanente los intereses legítimos de los pueblos indígenas y campesinos.

Desigualdad territorial en Salud

La provincia de Puntarenas encabeza una disparidad territorial evidente en cuanto a los recursos presupuestados por Área de Salud.

La diversidad en las asignaciones presupuestarias sugiere la necesidad de revisar las metodologías de estimación actual para que sean más acordes a las dinámicas de cada área de salud, y que consideren aspectos como los requerimientos sanitarios ante los distintos perfiles epidemiológicos y módulos de pago por desempeño (Pacheco, PEN, 2024).

Adicionalmente, al acceso oportuno a los servicios de salud, especialmente Primer Nivel de Atención, se ve condicionado por el poco crecimiento del recurso humano, así como la capacidad instalada, hechos que se ven reflejados en la reducción de la Inversión Pública Social (IPS) tanto en el anterior Gobierno, como la actual Administración Chaves-Robles, esto producto de las reformas fiscales de “austeridad”. La inversión en salud no debería de tener camisas de fuerza, mucho menos el modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Sumado a lo anterior, un 16% de la población nacional, aunque mayormente perteneciente al Pacífico Sur, debe de viajar 15 kilómetros o más, para acceder a un EBAIS o servicio de emergencia. Estas diferencias geográficas producen mayor incremento de la morbimortalidad, como por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión, Diabetes…), obesidad en la niñez y adultez, así como las enfermedades de salud mental, donde Puntarenas lidera la incidencia de personas esquizofrénicas.

Estas problemáticas son solo algunos de los múltiples padecimientos que enfrentan las familias y poblaciones de Puntarenas, pero ¿Por qué las cosas no avanzan? ¿Cuál reactivación económica? ¿Porqué los gobiernos locales y nacionales son omisos en atender estas disparidades territoriales?

Puntarenas ha sido históricamente un motor importante de crecimiento económico para el país, una provincia que tiene mucho por ofrecer en cuanto a sus tradiciones, cultura, agricultura, pesca sostenible, cosmovisión indígena y turismo sostenible.

Es momento de reflexionar sobre la urgencia y obligación que tiene el Estado de atender los territorios más desiguales. Es un llamado a la organización colectiva para exigir a las autoridades e Instituciones lo que han desatendido por años. Es momento de desconcentrar más las políticas públicas a fin de distribuir con mayor justicia y equidad, los recursos y planes estatales.

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