Junta de la CCSS delibera hoy sobre el futuro de la licitación del caso Barrenador.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó este jueves la solicitud de la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor Hernández, para separar a la directiva Martha Elena Rodríguez González de la discusión y votación sobre la licitación de los Ebáis en 10 áreas de salud.

Taylor argumentó que Rodríguez, representante sindical en la Junta Directiva, tenía un conflicto de interés debido a su participación como testigo en el caso penal conocido como Barrenador, donde se investigan presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la CCSS para adjudicar con sobreprecios a cooperativas y una asociación.

Según la presidenta ejecutiva, Rodríguez realizó manifestaciones que evidenciaban un adelanto de criterio, al afirmar en una sesión anterior de la Junta que “se habían cometido delitos”, que “existía un sobreprecio” y que “se quiere mantener una privatización a cualquier costo”.

Además, Taylor señaló que el sindicato UNDECA, al que pertenece Rodríguez, utilizó un recurso de revisión presentado por la directiva como base para una denuncia penal contra exmiembros de la Junta y las cooperativas ganadoras de la licitación.

Rodríguez rechazó la recusación y argumentó que no existía un criterio legal que la obligara a abstenerse de participar en la discusión. Indicó que no estuvo involucrada en el trámite de la licitación y que no era parte de ningún procedimiento administrativo o judicial contra las entidades relacionadas.

La Dirección Jurídica de la CCSS también desestimó la solicitud de Taylor. En su análisis, concluyó que la petición no calificaba como una recusación sino como una inhibitoria, ya que la presidenta ejecutiva no era parte interesada en el proceso.

El informe jurídico determinó que no existía causal para apartar a Rodríguez, pues ser testigo en un caso penal no implica ser parte del proceso, cualquier ciudadano puede presentar denuncias, según el artículo 11 de la Constitución, no hay un proceso judicial o administrativo en el que Rodríguez sea contraparte de alguna de las partes interesadas en la licitación, y por considerar que las declaraciones de Rodríguez se dieron en el ejercicio de sus funciones como directiva de la Caja.

El tema fue sometido a votación con la ausencia de Rodríguez y del directivo Martín Robles Robles, quien representa al sector cooperativo.

La moción de Taylor fue rechazada con seis votos en contra y solo uno a favor, el de la propia presidenta ejecutiva.

Los directivos que votaron en contra de la separación fueron:

  • Edgar Villalobos Brenes y Francisco González Jinesta (representantes del Estado).
  • Juan Manuel Delgado Martén, Juri Navarro Polo y Rocío Ugalde Bravo (representantes de los patronos).
  • Vianey Hernández Li (representante del sector solidarista).

Tras la votación, Rodríguez se reincorporó a la sesión, mientras que Robles Robles no regresó a la discusión.

Taylor defendió su posición y reiteró que Rodríguez no debía participar en la toma de decisiones sobre la licitación, al considerar que sus declaraciones previas representaban un adelanto de criterio que afectaba su imparcialidad.