En Costa Rica, los datos más recientes evidencian un retroceso en la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Las cifras no mienten: la tasa de femicidios en Costa Rica ha aumentado sostenidamente entre 2022 y 2024. Este incremento no es casualidad; refleja el debilitamiento de las políticas públicas de prevención y la falta de acciones efectivas por parte de las instituciones responsables.

Este retroceso puede tener muchas explicaciones o, como suele ocurrir, excusas. Sin embargo, lo que para mí es claro es que las mujeres hemos dejado de ser una prioridad en el tema de la seguridad.

Si realmente importáramos, ya se habrían implementado medidas efectivas, como ocurrió en el gobierno anterior con la exministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, cuando se firmó la Declaratoria de Interés Nacional en 2018 para prevenir y detener la violencia contra las mujeres.

Este 8 de marzo no debe ser solo una fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad. Más allá de la conmemoración, debe ser un recordatorio de que solo estaremos seguras cuando seamos nosotras, en entornos seguros y liderando nuestra propia agenda, quienes demos dirección y exijamos resultados en materia de seguridad.

Es fundamental levantar nuestras voces para que se escuche nuestra situación. Pero debemos ir más allá de las declaraciones: debemos ser parte de la toma de decisiones.

Diversos estudios internacionales han demostrado que el liderazgo femenino es más prudente y efectivo, especialmente en temas de seguridad. Las mujeres tienen un enfoque más empático con las necesidades de las personas, pero, al mismo tiempo, son firmes en hacer cumplir la ley y castigar a los infractores. Este tipo de liderazgo puede generar resultados más positivos, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad.

Por todas estas razones, la seguridad debe ser liderada desde una perspectiva femenina: más inclusiva, respetuosa y firme. Eso es lo que estamos haciendo hoy las mujeres: buscando ayuda entre nosotras, colaborando y actuando ante la inacción estatal. Tampoco podemos resignarnos al desmantelamiento de programas esenciales ni tolerar que el odio y la discriminación se arraiguen en la vida cotidiana. La lucha por la seguridad y la dignidad de las mujeres es urgente y debe estar en el centro de la agenda pública.

El problema de la violencia contra las mujeres no se limita a los femicidios. Según la última encuesta del CIEP (2024), el 90 % de las personas considera que la violencia de género ha aumentado. En la actualidad, la violencia también se ha trasladado al mundo digital, donde las mujeres son las principales víctimas de acoso, agresión y, en su forma más extrema, femicidio. Esta violencia simbólica, a menudo naturalizada en las redes sociales y los medios, fomenta la violencia estructural contra las mujeres. Cuando el odio es promovido desde el poder, la violencia deja de ser una anomalía y se convierte en una norma socialmente aceptada.

En este contexto, el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica (PROLEDI, 2023) señala que las conversaciones con lenguaje discriminatorio han aumentado un 50 % en el último año, con un fuerte componente de ataques de género. Además, un informe de la ONU (2024) reveló que los discursos de odio y discriminación contra las mujeres crecieron un 67 %.

A este problema se suma la reducción de la inversión social. La disminución del presupuesto en áreas clave como educación, salud y vivienda impacta especialmente a las mujeres, sobre todo a aquellas que se encuentran en situación de pobreza. Este contexto refuerza la urgencia de una respuesta más robusta y centrada en las necesidades de las mujeres.

Los problemas están claramente diagnosticados y bien documentados. Lo que sigue faltando es un compromiso real de las autoridades para actuar. Hay muchas acciones posibles: fortalecer los sistemas de apoyo y protección, incorporar programas educativos con enfoque de género, mejorar la seguridad en el transporte y los espacios públicos, y fomentar alianzas con el sector privado para erradicar la discriminación.

En materia de seguridad, es urgente implementar políticas de Estado contra la violencia hacia las mujeres y reforzar la protección frente a la violencia digital. Aún queda mucho por hacer, pero sin voluntad política para abordarlo como una prioridad, las acciones seguirán siendo insuficientes.

Este 8 de marzo no basta con discursos vacíos ni con políticas superficiales. Es momento de exigir un compromiso real con la seguridad de las mujeres. La violencia de género no es un problema aislado, sino el reflejo de un sistema que sigue sin garantizar plenamente el derecho de las mujeres a vivir sin miedo.

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