La Corte Interamericana ha definido la importancia de reconocer que la migración irregular y que los grupos de migrantes en condición irregular es un grupo en condición de vulnerabilidad que transitan corredores migratorios y están expuestos a riesgos y privaciones producto del racismo, la xenofobia, la violencia y que en ocasiones con consecuencias mortales.

Panamá y Costa Rica no han estado exentas en este contexto y es así como han reconocido a través de sus marcos jurídicos internacionales, diversos mecanismos para proteger a estas familias de migrantes. Como dato, en los años 90, suscribieron un “Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá”, ratificado y hecho Ley en Costa Rica en el 95 (Ley 7518).

Bajo la coordinación Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Panamá, y el MIDEPLAN en Costa Rica, este acuerdo ha permitido la articulación binacional y la ejecución conjunta de proyectos y actividades en la zona fronteriza sur, siendo así como la IOM-ONU como asistencia técnica, en conjunto con liderazgos institucionales locales en el sur, formalizaron la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad (COPPAMI). Instancia que ha perdurado desde 2013 hasta la fecha.

Entre el 2015-2016, Costa Rica con la frontera desbordada con cubanos y haitianos, se apuntó a impulsar una política de flujos mixtos, con hojas de ruta y reconociendo situaciones especiales de vulnerabilidad. Para el caso de Panamá, apuntó a desarrollar infraestructura desconcentrada con las Estaciones Temporales de Recepción de Migrantes, yendo a la vanguardia y definiendo principios de atención.

Las respuestas en ambos países disimiles se enmarcaron en un contexto local, regional e internacional. La migración se hizo compleja y continuó creciendo. Caravanas de migrantes que se unían con la llegada de perfiles migrantes diferenciados que habían cruzado el Parque Forestal del Darién, así como los migrantes extrarregionales que habían elegido Canadá y Estados Unidos, como países de destino para vivir y que ingresaron por diversos países de América del Sur según fuentes consultas en IOM.

Con el COVID-19 se contrajeron dado que más del 80% de los corredores entre países de América Latina y el Caribe estuvieron sometidos a alguna forma de restricción de los viajes relacionada con la COVID-19 pero el fenómeno no paró (McAuliffe, 2021)

Con el agua hasta el cuello en el 2022-2023, Panamá experimenta junto a Costa Rica similitudes en problemáticas para un mismo flujo de personas. Se hizo más visible así como los abusos. Población engañada en puntos lejanos. Sobreprecios en productos y tarifas. Se inicia a reconocer en los relatos de violencia de género, afectaciones graves en salud, enfermedades infectocontagiosas de notificación internacional, relaciones impropias, autolesiones, muertes, personas sin documentación.

Y es que como he señalado en reiteradas ocasiones, la movilidad no se da en un terreno estéril, sino en una arena de poder que potencia los factores de riesgo. No necesariamente todo es trata de personas pero hay otras situaciones que pasan por alto, tales como violencia sexual, engaños, al que son expuestos las familias, llevando a que se reduzcan las probabilidades de evitar situaciones de violencia, explotación y abuso.

Lo que a vista y paciencia de los guías internacionales (traficante dentro de los grupos), coyotes locales y las organizaciones delictivas locales, lo aprovecharon ante la falta de una respuesta sólida y articulada. Pregúntese en ese contexto, ¿Qué posibilidades tienen estas personas que ya presentan vulnerabilidades, para evitar situaciones de violencia, explotación y abuso, o de resistir a ellas, hacerles frente o recuperarse partiendo de barreas de idioma y que es un país desconocido?

No es sino con los procesos de capacitación, la cooperación internacional, los proyectos en zona, y el talante de las personas locales y funcionarias, que logran hacer incidencia para que se generaren las condiciones y el apoyo para que haya un flujo controlado binacional y haya una apertura del CATEM para que atienda extrema vulnerabilidad.

Con esta alianza y trabajo articulado en el seno de la frontera sur de Costa Rica, se mostró un camino de como atender articuladamente evitando la duplicidad en todos los sentidos, no solo en datos, sino tratamientos o asistencias. Mejor cumplimiento de medidas de seguridad del país. Se redujo no solo quedar en calle, sino la misma niñez corre menos riesgos al no quedar en la misma.

No obstante, actualmente si no se consigue que haya apertura en el enfoque de la intervención, que haya módulos separados para diferenciar perfiles y abordajes, asumiendo que la atención podría generar arraigo, se corre el riesgo de no proteger vidas, no ser oportunos, efectivos y eficientes.

Sin un acuerdo político que estandarice un proceso de trabajo, someterá las intervenciones sociales a cuidados paliativos, que son un callejón sin salida y rápidamente a que el personal se puede quemar al no ver respuestas oportunas, eficientes y efectivas.

Es necesario conocer de las buenas prácticas locales, y ese talante local que de seguro conoce los caminos de esperanza y pueden dar el ejemplo como lo hicieron a lo largo de tantos años.

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