La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), No. 7593, establece que los precios de los servicios públicos se fijan bajo el principio de “servicio al costo”. Lo anterior se traduce en la práctica en una regulación “cost plus”, en la que se suman todos los costos directos e indirectos (por ejemplo: materiales, mano de obra y mantenimiento) y se le añade un margen adicional denominado “rédito para el desarrollo”. Dicha metodología no ha sido la mejor para consumidores ni para los prestadores, a continuación, explicamos en qué se fundamenta dicha afirmación. 

No es casualidad que la ley de ARESEP obligue a someter a audiencia pública tanto solicitudes tarifarias como cambios metodológicos, pues se trata, a fin de cuentas, del precio que pagarán los usuarios por los servicios que reciben y, por ende, asiste el derecho a que los consumidores planteen sus posiciones y observaciones. Sin embargo, bajo la metodología actual, se conforman expedientes tarifarios con una extensión desproporcionada, con información densa y de difícil trazabilidad. Para los consumidores, esto implica que se requieran muchas horas de análisis si se quiere entender la justificación y el contenido de cada petición tarifaria. Esto complica la participación efectiva de los usuarios en el proceso de fijación de tarifas que manda la ley de ARESEP. Por su parte, un enfoque de servicio al costo no implica, necesariamente, que se trate de un costo eficiente. Sin embargo, la prestación a un costo eficiente es un elemento que debe ser clave para los prestadores de los servicios públicos ya que, el fin por el que existen los servicios públicos y, por ende, dichos prestadores, es satisfacer las necesidades de los usuarios de forma efectiva.

En el caso de los prestadores, el modelo actual obliga a mantener una contabilidad regulatoria paralela a la financiera, repleta de hojas de Excel y procesos manuales. Esta doble contabilidad conlleva la elaboración de resultados financieros tarifarios complejos, a la que se le suma la aplicación de metodologías extraordinarias y el manejo de múltiples tarifas. Cada elemento añade capas de burocracia que entorpecen el análisis y la elaboración del expediente que conforma la petición.

Ahora bien, la necesidad de simplificar la metodología tarifaria sin duda no equivale a debilitarla. Incluso con la legislación vigente, es factible implementar un modelo más ágil y transparente que beneficie tanto a los usuarios como a los operadores. ¿Alternativas?

Existen opciones alternativas al modelo “cost plus” que se utilizan en otros países; entre ellas se destacan:

  • Empresa modelo o empresa eficiente: implica establecer un estándar basado en la empresa que logre producir la cantidad demandada al mínimo costo técnicamente posible.
  • Precios de Ramsey: se basa en fijar precios en función de la elasticidad de la demanda, de modo que, cuanto mayor sea la sensibilidad del usuario, menor sea el precio.
  • Precio tope (“price cap”): supone imponer un límite máximo en el precio que incentive a los operadores a reducir costos y mejorar la eficiencia.
  • Precios topes por comparación: se fundamenta en definir precios en función de los límites que se aplican en empresas comparables, asegurando competitividad y equidad.
  • Regulación por comparación (“benchmarking”): se establecen tarifas mediante la comparación directa de costos y resultados con empresas o estándares similares.

El artículo tercero, inciso b) de la Ley No. 7593 es claro: “servicio al costo” implica fijar tarifas considerando exclusivamente los costos necesarios para prestar el servicio, permitiendo una retribución competitiva y garantizando el desarrollo adecuado de la actividad. Con este mandato legal, el ente regulador tiene la base para adoptar alternativas que eliminen la burocracia y defiendan los derechos de los usuarios.

Este cambio no solo es posible, sino imprescindible. Es momento de exigir una regulación tarifaria que sea sencilla, transparente y eficaz, reduciendo el peso de la burocracia y permitiendo que los recursos se utilicen en mejorar la calidad y la competitividad del servicio.

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