Medios de prensa, tales como La Nación y El Observador, entre otros, han venido publicando reportajes que ilustran con claridad la mala gestión de BCR Safi, que además de mala ha sido fraudulenta, adquiriendo activos por parte del Fondo de inversión inmobiliario no diversificado (FIIND), administrado por BCR Safi.

Los lectores habrán conocido, por medio de esos reportajes, la estrecha relación que desde el año 2018 mantuvieron BCR Safi y el grupo de empresas de Humberto Vargas Corrales, actuando, como suele suceder en estos casos, por interpósita mano: entre mayo del 2018 y junio del 2019 BCR Safi adquirió siete inmuebles a dicho grupo, antes de adquirir, en febrero de 2020, el Parque empresarial del Pacífico (PEP), con un sobreprecio de unos 43 millones de dólares y construido apenas a medias. Habría que retroceder a los casos CCSS-Fischel e ICE-Alcatel para encontrar un caso de corrupción tan bien documentado en los medios como éste.

No es el propósito de quien escribe hacer un recuento detallado de la vinculación entre dicho grupo de empresas y BCR Safi: los reportajes citados son claros y son elocuentes.

Como actos precursores de disposiciones que luego adoptaría la Superintendencia General de Valores (Sugeval), los inversionistas presentamos dos denuncias, la primera en setiembre 2022 sobre la compra con notorias irregularidades del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Esparza, Puntarenas y la segunda en setiembre 2023, sobre la compra de un complejo de bodegas en La Uruca, ambos comprados al grupo arriba señalado; ambas compras bien cubiertas por los reportajes citados previamente.

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica, con la esperanza de evadir su responsabilidad, pese al conocimiento manifiesto de las actuaciones irregulares y fraudulentas de funcionarios clave de BCR Safi, los más importantes de entre ellos luego promovidos a la estructura gerencial del Banco mismo, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) una opinión sobre la responsabilidad que le compete al BCR por actos como los descritos. La consulta fue realizada de forma genérica (¿Existe responsabilidad solidaria para una entidad controladora de un conglomerado financiero por las actuaciones u omisiones de sociedades independientes que conforman parte de ese consorcio (sic)?), pero la intención es evidente. Esa consulta fue planteada en abril 2024 (SJD-0064-2024). La procuraduría respondió en setiembre 2024 mediante el dictamen PGR-C-212-2024 que, de forma muy bien argumentada y mejor redactada, estableció la responsabilidad que al BCR y a su subsidiaria les competen. Estudiado que fuera ese dictamen de la PGR, y con base en sus estudios sobre la situación financiera del fondo, que es irremediable mientras ese activo tóxico permanezca dentro del FIIND, Sugeval emitió una orden para que el PEP fuera extraído del Fondo con recursos aportados por BCR Safi y, en caso de no tenerlos —como en efecto no los tiene— con fondos aportados por el BCR, en tanto que entidad controladora.

La PGR explica, en el dictamen precitado, que “Frente a la posición que estamos siguiendo podría incluso hacerse un parangón con la teoría del riesgo creado, toda vez que si una institución pública decide crear una sociedad anónima para incursionar y sacar provecho en el mercado financiero, como un mecanismo de crecimiento, expansión y lucro empresarial, igualmente se produce la creación de un riesgo objetivo –entendiendo que las operaciones financieras pueden aparejar una actividad riesgosa– de ahí que puede eventualmente asumir una responsabilidad económica. Máxime –insistimos– cuando frente al público se presenta como un grupo consolidado bajo una misma imagen comercial (v. gr., el uso del nombre, el logotipo, el sitio web oficial y hasta la infraestructura del banco estatal)” (el énfasis es añadido).

El Análisis Financiero encargado por un grupo de inversionistas a un experto independiente, muestra que, tal como lo teme Sugeval, el Fondo marcha hacia la iliquidez y encara el riesgo de una liquidación por inviabilidad, cuyos efectos no solo producirían un grave daño para los inversionistas, ya muy afectados por años de rendimientos paupérrimos, y muchos de nosotros de la tercera edad, sino también para la industria de los fondos de inversión. No hay antecedentes de que un fondo de inversión inmobiliario haya tenido que ser liquidado, ni siquiera el administrado en su día por Aldesa.

La industria de los fondos de inversión inmobiliarios en este país es una industria de 9 mil millones de dólares en la cual ha invertido desde hace veinticinco años una multitud de pequeños ahorrantes. La confianza de los inversionistas se vería seriamente afectada de llegarse a este caso extremo, añadiendo a la devastación producida por otros fiascos financieros, como los de Aldesa, Coopeservidores y Desyfin. El sistema financiero nacional no puede tolerar otro fiasco, menos aun cuando habría sido consecuencia de la negativa de la Junta directiva del BCR a someterse a la orden de Sugeval.

En efecto, la junta directiva, alegando que la orden de Sugeval, implica el traslado de fondos públicos a un fondo privado, e ignorando con ello que el riesgo había sido creado por sus propios funcionarios, presentó un recurso de revocatoria ante Sugeval que esta rechazó, como era previsible.

Rechazado el recurso, procedió una apelación en subsidio ante el superior de Sugeval, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). La apelación en subsidio no ha sido resuelta aún, y Conassif no tiene plazo para resolver, lo cual apunta a un agujero en la legislación, ya que debiera tener un plazo. Entretanto, día a día el Fondo se deteriora sensiblemente. Si, como esperamos, Conassif declara sin lugar la apelación, sabemos que BCR puede llevar su oposición al terreno judicial, en cuyo caso la suerte del Fondo está echada, ya que el plazo para que este asunto se dirima en los tribunales y se obtenga una sentencia firme sería de varios años. Cuántos no sabemos, pero sí sabemos —porque lo hemos cuantificado— que el Fondo sucumbiría mientras se produce la sentencia firme.

En caso de que la Junta Directiva del BCR decida judicializar su oposición, el daño no solo lo sufriremos los inversionistas víctimas de sus malas y fraudulentas decisiones, sino también el Banco de Costa Rica mismo que, además de sufrir un daño reputacional muy grave, también sufriría un perjuicio económico muy superior cuando los tribunales, como confiamos, ratifiquen la orden de Sugeval y reiteren la responsabilidad solidaria de BCR SAFI ante los actos realizados por sus funcionarios (como lo indica la ley) y la responsabilidad subsidiaria del BCR, como lo ha indicado la PGR.  En ese momento no solamente tendría que asumir el BCR lo que ahora Sugeval le ordena, sino los daños y perjuicios de todos los años subsiguientes, que podrían alcanzar cientos de millones de dólares.

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