"Los femicidios de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas —esposos, novios o compañeros sentimentales— aumentaron en un 190% del año 2022 a la fecha, según datos recopilados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial”. (Semanario Universidad, 29 de enero de 2025).
En Costa Rica experimentamos un alarmante retroceso democrático y una pérdida de garantías hacia la tutela de los derechos humanos de las mujeres costarricenses por parte del Estado y sus representantes.
Líderes políticos han promovido un clima de odio y rechazo a la igualdad y equidad de las mujeres costarricenses. Esta ola regresiva y represiva a los derechos humanos de las mujeres trae consecuencias trágicas al empoderar movimientos antiderechos y normalizar conductas violentas.
En Costa Rica, el presidente Chaves utiliza un lenguaje agresivo y violento, haciendo uso constante de expresiones prepotentes, machistas y descalificadoras hacia las mujeres.
Es parte del manejo de este gobierno el rechazo a medidas de política pública y programas ministeriales que promuevan la igualdad y equidad de género, como la educación sexual científica. Desde la Secretaría de Mujeres y Género rechazamos por completo el anuncio del Ministerio de Educación Pública (MEP) de eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, que se impartía desde el 2018, así como en el proyecto de ley que acaba de ser presentado por el oficialismo para el endurecimiento de las penas por aborto.
En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado esta alarmante escalada de feminicidios, dejando al descubierto la profundidad de una problemática social que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres. Estos crímenes, expresión extrema de la violencia contra las mujeres, no solo desgarran familias y comunidades, sino que también reflejan la insuficiencia de los esfuerzos estatales y sociales por erradicar esta forma de violencia.
En 2024, las cifras de feminicidios alcanzaron niveles preocupantes (26 casos), y solo este mes de enero del 2025 ya se suman cinco víctimas que evidencian un patrón de impunidad y negligencia.
Según datos oficiales, muchas de las mujeres ya habían denunciado a sus agresores, lo que subraya la incapacidad del sistema para brindarles protección efectiva. Este fenómeno no es un hecho aislado, es el resultado de una cultura machista profundamente arraigada, combinada con la falta de recursos en instituciones clave como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Poder Judicial.
A pesar de los avances en legislación, como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, su aplicación continúa siendo limitada. Los protocolos de atención fallan en ofrecer respuestas rápidas y efectivas, y las medidas de prevención no alcanzan a abordar las raíces estructurales de la violencia contra las mujeres.
La falta de albergues suficientes, la revictimización de las sobrevivientes y el déficit en la formación de operadores de justicia perpetúan el ciclo de violencia y dejan a miles de mujeres en situación de riesgo.
Debemos recordar que detrás de cada cifra hay historias de sueños truncados, familias desmembradas, niños y niñas huérfanas y comunidades sumidas en el dolor.
Pero también hay un clamor por justicia y solidaridad. Las familias de las víctimas, muchas veces desamparadas por el sistema, luchan por mantenerlas vivas en la memoria y por exigir justicia en medio de su duelo. Su valentía y resistencia deben ser una llamada de atención para la sociedad costarricense.
Es imperativo que, como agrupación política, enfrentemos esta crisis con la seriedad que merece. No basta con indignarnos ante cada nuevo caso; debemos transformar esa indignación en acciones concretas. Esto implica que en nuestro proyecto de gobierno se priorice la asignación de recursos para la prevención y atención de la violencia de género, así como el fortalecimiento de las instituciones responsables.
Es fundamental trabajar desde las bases, promoviendo una educación basada en la igualdad, el respeto y la desconstrucción de los estereotipos machistas que perpetúan la violencia.
Además, es necesario tender una mano solidaria a las familias sobrevivientes. Estas familias no solo necesitan justicia, sino también apoyo emocional, económico y social para reconstruir sus vidas.
Como personas ciudadanas que aspiramos a construir las bases políticas para una sociedad más justa, es nuestra misión respaldarlas participando y promoviendo redes de apoyo comunitario y exigiendo que sus demandas sean escuchadas.
Estas muertes nos deben pesar a todos por igual, hombres y mujeres, la lucha contra esta violencia nos compete a todas y todos. Solo mediante la denuncia, la solidaridad y el compromiso podremos construir un país donde ninguna mujer tenga que temer por su vida y donde las familias de las víctimas encuentren justicia y paz.
Tal vez si intentamos recordar sus nombres: Ingrid Espinoza, Meribeth Mondragón, Sandra Oporta, Míriam Fernández y Tamara Centeno, no se nos olvide tampoco que sus muertes dejan nueve niños sin madre y uno al que le truncaron la vida antes de siquiera poder sentir su abrazo. Que su dolor sea el nuestro y nos motive a seguir luchando.
"Sin una gobernanza eficaz e instituciones sólidas que aseguren a mujeres y niñas el pleno disfrute de sus derechos, incluido vivir sin violencia y discriminación, la confianza en la democracia será inalcanzable". (PNUD, Programa de Naciones Unidas para el desarrollo).
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