La comunidad expresó su preocupación por la situación humanitaria de las personas migrantes enviadas por EE. UU. al país.

La Asociación de los Amigos de Monteverde (conocidos popularmente como "los cuáqueros") emitió este martes un fuerte llamado al Gobierno de Costa Rica para exigir transparencia y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes deportadas recientemente desde Estados Unidos y recibidas en el país como parte de un polémico acuerdo firmado en febrero entre el presidente Rodrigo Chaves Robles y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En un comunicado público, la asociación recordó que Costa Rica históricamente ha sido reconocida como “un modelo de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional”, por lo que pide al gobierno cumplir esos principios con las personas migrantes, muchas provenientes de países en conflicto o con serios antecedentes de persecución.

Los cuáqueros señalaron, con preocupación, que hasta ahora el proceso se ha manejado con hermetismo, limitando información clave sobre las condiciones de detención temporal en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM-Sur), ubicado en Corredores, Puntarenas, y al que no ha podido ingresar prensa.

Pedimos que el Gobierno de Costa Rica defienda los derechos humanos de todas las personas que llegan aquí y garantice transparencia para que sean respetadas y tratadas con dignidad”.

La preocupación principal gira en torno a que las personas migrantes permanecen en un limbo legal y humanitario. En particular, cuestionan si estas personas han recuperado sus documentos de identidad, si reciben adecuada atención médica y psicológica y si disponen de acceso oportuno a asesoría legal para solicitar refugio u otra protección internacional.

A Costa Rica han llegado, por el momento, dos grupos con cerca de 200 migrantes deportados por el gobierno estadounidense. Según denuncias de la Defensoría de los Habitantes, estas personas no sabían siquiera en qué país habían aterrizado ni cuál sería su destino final, lo cual fue calificado por la entidad como una grave violación a sus derechos humanos.

La comunidad de Monteverde solicitó al Ejecutivo informar claramente sobre las condiciones en las que permanecen estas personas y responder públicamente varias preguntas clave que hasta ahora permanecen sin respuesta oficial:

  • ¿Tienen libertad de movimiento dentro y fuera del centro temporal?
  • ¿Cuentan con atención médica y psicológica adecuada?
  • ¿Tienen acceso efectivo a servicios de traducción para comunicarse con sus familias o para entender su situación legal?
  • ¿El gobierno está garantizando asesoría legal efectiva para quienes deseen solicitar refugio?

“Esperamos que cada una de estas personas pueda algún día contar su historia de Costa Rica como un lugar donde sus derechos fueron respetados y se les ayudó en su viaje hacia un hogar pacífico”, concluye el comunicado.