Los dispositivos deben distribuirse a los centros educativos con mayor necesidad.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) tomar medidas inmediatas para gestionar los equipos tecnológicos adquiridos mediante los programas PRONIE y Fonatel, los cuales permanecen almacenados sin uso o sin una adecuada administración, poniendo en riesgo su utilidad educativa y su garantía de funcionamiento.
Mediante la orden DFOE-DEC-ORD-00001-2025, la Contraloría señaló que, tras el vencimiento del convenio entre el MEP y la Fundación Omar Dengo (FOD) en mayo de 2023, la gestión de los equipos adquiridos bajo el PRONIE recayó completamente en el Ministerio. No obstante, en febrero de 2025, el MEP informó que estos equipos aún permanecen almacenados en bodegas y contenedores, incluyendo 847 tarimas con dispositivos nuevos que debieron haber sido instalados en 2023.
"El MEP debe adoptar medidas específicas para la supervisión de los bienes bajo su resguardo, minimizando riesgos de deterioro, extravío o uso indebido", indica la orden. Asimismo, advirtió que el Ministerio debe garantizar la adecuada distribución de estos equipos, conforme a la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Público.
La Contraloría otorgó al MEP un plazo de dos meses para verificar el inventario, implementar mecanismos de control y distribuir los dispositivos a los centros educativos con mayor necesidad. También se ordenó una evaluación del uso y aprovechamiento de los equipos en un periodo de seis meses, para evitar que permanezcan almacenados sin cumplir su propósito educativo.
Así encontraron los funcionarios de la Contraloría equipos tecnológicos que deberían estar siendo utilizados por los estudiantes.
En una segunda orden, DFOE-CAP-ORD-00001-2025, la Contraloría instruyó al MEP a mejorar la administración de los dispositivos adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Estos equipos, entregados entre mayo de 2022 y marzo de 2023 en el marco del Programa 3: Centros Públicos Equipados, tenían como objetivo reducir la brecha digital en estudiantes de zonas vulnerables.
Sin embargo, los informes de la Contraloría revelaron que solo el 53% de los 86.812 dispositivos entregados registró conexión en 2024. Además, un 14,8% se encuentra en condición de "no uso", mientras que 15.472 dispositivos no están correctamente registrados en el sistema de control TecnoPresta.
La Contraloría detectó, además, que en algunos centros educativos los equipos permanecen almacenados sin haber sido utilizados, en parte por la falta de capacitación del personal docente y administrativo sobre su uso. Por ello, la Contraloría ordenó al MEP redistribuir los dispositivos que no estén en uso, priorizando los centros con mayor necesidad, y garantizar la reparación de aquellos con fallas antes de que venza su garantía, entre mayo y septiembre de 2025.
En particular, la entidad fiscalizadora advirtió que el 85% de las garantías de los equipos vence entre mayo y septiembre de 2025, lo que hace urgente su uso y mantenimiento.
La Contraloría advirtió que la falta de cumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones, incluyendo la suspensión o destitución de los funcionarios responsables.
El MEP deberá remitir un informe de cumplimiento en los plazos establecidos; en caso de incumplimiento, la entidad fiscalizadora reiterará la orden una única vez y, si persiste la falta de acatamiento, aplicará las sanciones correspondientes según lo estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
