En Costa Rica, cada vez más y más personas viven en condominios. Desde hace poco más de 8 años, yo soy una de esas personas y, como la inmensa mayoría de condóminos, soy un pequeño propietario. En mi condominio, hay nueve unidades y, por lo tanto, a la hora en que se requieren tomar decisiones, ya sea de manera formal (Asamblea de Condóminos) o informal (en el chat de WhatsApp), cuento con un voto y los otros propietarios sumados cuentan con 8 votos, tengo una posición minoritaria. En el caso de mi condominio, las decisiones más importantes las tomamos por consenso. Sin embargo, se han presentado oportunidades en las cuales se han tomado decisiones —que nos afectan a todos los propietarios— por mayoría calificada (2/3 de los votos) o por mayoría simple (1/2 más uno de los votos).

Algo que quienes llegamos a comprar un condominio, con ilusión, para vivir junto con nuestros seres queridos muchas veces no tenemos claro son esos mecanismos de gobernanza, o de toma de decisiones, que funcionan a lo interno de los condominios. En el mismo sentido, tampoco nos preocupamos por comprender que existen grupos con intereses muy distintos dentro del mismo ecosistema condominal: los desarrolladores y administradores, por una parte, y los pequeños propietarios, por otra parte. Para ponerlo en términos más sencillos, no es difícil imaginar situaciones —y, probablemente, ya muchos las hemos sufrido en carne propia— en las cuales lo que es bueno para desarrolladores y administradores no es lo que más conviene a los pequeños propietarios de condominios, y viceversa. Cuando esas diferencias se presentan, no es extraño que el primer grupo, los desarrolladores y administradores, terminen imponiendo su voluntad al segundo grupo, a los pequeños propietarios de condominios.

Ya que tenemos, más o menos, claro cómo es que, hasta ahora, se toman las decisiones en los condominios, debemos de volcar toda nuestra atención al Proyecto de Ley para la Buena Gobernanza y la Modernización para la Propiedad en Condominios (expediente 24.640), presentado por la diputada Daniela Rojas Salas (PUSC) y ocho diputados más, el cual, se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

A pesar de que a mí, en lo personal, en calidad de pequeño propietario de condominio, me afectaría negativamente la aprobación de ese proyecto de ley, confieso que no lo conocía, avanzaba rápida y silenciosamente en la Asamblea Legislativa. Simplemente, no lo tenía en el radar hasta que recibí una consulta y me puse a leerlo. Posteriormente, se presentó una moción para que se me convoque a la comisión, como representante de IDEAS Labs, un centro de pensamiento (think tank) especializado en el diseño, implementación y análisis de políticas públicas que yo presido, para que presente ante los diputados de la Comisión una perspectiva técnica e independiente, que incluya un análisis acerca de las posibles consecuencias, deseadas y no-deseadas, en distintos actores de la sociedad que tendría la eventual aprobación de ese proyecto.

En la misma fecha, se presentó otra moción para convocar a la comisión, también, a la Asociación de Condóminos de Costa Rica, la cual promueve el bienestar, la cohesión y la defensa de los derechos de los propietarios de unidades de condominios a nivel nacional.

La aprobación de estas dos mociones para que los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos puedan conocer el análisis y observaciones de IDEAS Labs y de la Asociación de Condóminos de Costa Rica garantiza que existirá una discusión seria y equilibrada del proyecto. Hasta ahora, la discusión, en el ámbito legislativo, estuvo secuestrada por grupos afines a los desarrolladores y administradores, los cuales promueven intereses muy distintos e incluso, en algunos casos, opuestos a los de los pequeños propietarios de condominios.

La discusión seria, informada y abierta de proyectos de ley es necesaria para el progreso de la sociedad en sus diversos ámbitos. Sin embargo, eso no es lo que siempre ocurre en estos procesos. El caso de este proyecto de ley corre el peligro de irse por muy mal camino, ya que aparecieron en la escena representantes de una nueva firma de “lobby legislativo” que, de acuerdo con lo que ellos indican, representan los intereses del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), los desarrolladores de condominios. También, explicaron, como un logro importante, que lograron sumar el apoyo de un grupo de administradores de condominios. Hasta ahí, pareciera que todo bien, cada quien promoviendo sus intereses.

Lo que no está bien es que estos supuestos agentes de los desarrolladores, los socios de la firma de lobby legislativo, parecen estar dispuestos a cualquier cosa —aunque sea claramente inmoral— para lograr la rápida aprobación del proyecto. Durante los últimos días, se dedicaron a presionar a asesores y diputados para que retiraran o rechazaran las mociones para que comparezcan IDEAS Labs y la Asociación de Condóminos de Costa Rica a la Comisión de Asuntos Jurídicos. En otras palabras, se avocaron a la tarea de intentar silenciar las voces de quienes podrían tener opiniones distintas u opuestas a las que han externado, hasta ahora, desarrolladores y administradores de condominios y que son las únicas que han escuchado los legisladores.

Estoy convencido, luego de visitar el sitio web de CODI, que los representantes de las importantes empresas que integran esa asociación de desarrolladores no pueden haber avalado ese tipo de acciones inmorales en las que incursionó el equipo de lobby legislativo que se ha arrogado la representación de sus intereses. Es necesario, tanto en el caso que nos ocupa hoy, el de reformas que afectan a los condominios, como en todos los otros espacios de discusión de reformas de política pública el poner fin a ese tipo de prácticas deleznables de mal lobby legislativo que solamente perjudican la reputación y buen nombre de los buenos empresarios y empresas costarricenses.

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