En Costa Rica, la salud mental ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años, con un aumento preocupante en los índices de depresión y ansiedad.

Según datos del Ministerio de Salud, en octubre de 2020, el 61% de la población presentó síntomas depresivos, un incremento del 50% con respecto a marzo del mismo año. Estos números reflejan una realidad alarmante que no puede seguir siendo ignorada y que requiere acciones inmediatas.

En virtud de lo anterior, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, reconocemos la importancia de abordar la salud mental desde una perspectiva integral, que contemple factores estructurales, ambientales y sociales. Porque la salud mental no es solo un asunto individual, sino que está profundamente vinculada con las condiciones de vida, el acceso a derechos fundamentales y el bienestar social en general.

A pesar de los avances en la formulación de reglamentos y normativas, seguimos enfrentando desafíos significativos como país. La falta de recursos humanos y presupuestarios para implementar políticas públicas eficaces, es una barrera que limita el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud mental.

Por eso, seguimos haciendo el llamado a la sociedad en general, porque las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica son las más afectadas, con un impacto profundo en su bienestar emocional y calidad de vida. Por eso, le recordamos a las autoridades que la salud mental es un derecho fundamental de todas las personas y garantizarla es una responsabilidad del Estado.

El acceso efectivo y humanizado a los servicios de salud mental, debe ser una prioridad en las políticas públicas. La transversalización de la salud mental en todos los ámbitos de la gestión estatal, es esencial, asegurando un presupuesto adecuado y personal especializado para su implementación.

De esta manera, es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad en la creación de una política pública sólida en materia de salud mental, garantizando condiciones de vida dignas, acceso a atención médica de calidad y respeto por los derechos fundamentales. La salud mental debe abordarse desde una perspectiva interseccional, considerando factores como género, etnia, discapacidad y vulnerabilidad social, para garantizar respuestas inclusivas y adaptadas a las necesidades de todas las poblaciones.

Además, es crucial eliminar los estereotipos y prejuicios que rodean a las personas con condiciones de salud mental. El estigma y la discriminación siguen siendo barreras que impiden el acceso a los servicios de atención y el pleno ejercicio de derechos. Debemos promover una cultura de respeto, empatía y comprensión en la sociedad costarricense.

Por eso, desde el Colegio de Trabajadores Sociales reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa de la salud mental como un derecho fundamental, porque estamos convencidos que es un pilar esencial  para el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Le recordamos a las autoridades que garantizar el bienestar emocional de la población no es una opción, sino una obligación del Estado y es hora de actuar.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.