Desde su implementación en Costa Rica, las Alianzas Público-Privadas (APP) han sido vistas principalmente como un mecanismo alternativo para desarrollar infraestructura pública, con un enfoque particular en carreteras, puertos y aeropuertos. Esta percepción queda reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 'Rogelio Fernández Güell', donde las APP están vinculadas al Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Si bien este modelo ha permitido avanzar en obras estratégicas, su impacto ha sido limitado en otras áreas clave del desarrollo nacional. En el mundo, ya existen ejemplos exitosos de esta sinergia. Veamos unos pocos: en países como Chile y Colombia, las APP han sido utilizadas con éxito para modernizar hospitales, centros educativos y servicios urbanos. En Reino Unido, el Green Investment Bank ha facilitado APP enfocadas en energía renovable, financiadas con capital privado alineado con principios ESG. En Uruguay, el Hospital de Tacuarembó fue modernizado mediante una APP que combinó inversión privada y criterios de impacto social.
¿Dónde se encuentra Costa Rica en este panorama? Muchas empresas en el país han adoptado estrategias ESG (Environmental, Social & Governance), comprometiéndose con la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la transparencia corporativa. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido aprovechados de manera estratégica para potenciar proyectos de desarrollo nacional. ¿Por qué no conectar ambos modelos y canalizar parte de estos recursos hacia nuevas APP que impacten directamente en la calidad de vida de los costarricenses? Es una gran oportunidad.
Podríamos replicar estas experiencias y convertir este modelo en un motor de desarrollo en áreas estratégicas como educación, salud, movilidad urbana, tecnología e innovación. Pero para que esta estrategia sea viable, es necesario trabajar en generar confianza entre el sector público y privado, desarrollar los incentivos adecuados y modernizar la legislación, ya que la actual es restrictiva y no contempla mecanismos flexibles para incorporar inversiones ESG.
Las APP no pueden seguir viéndose únicamente como una herramienta para construir carreteras. Tenemos la oportunidad de repensar este modelo y alinearlo con una visión de país más sostenible, innovadora y moderna.
Si logramos integrar las estrategias ESG en las APP, atraeremos inversión responsable, reduciremos la presión sobre el gasto público y, lo más importante, generaremos un impacto positivo en la calidad de vida de los costarricenses.
Ya sabemos qué funciona y qué no. Ahora es momento de dar el siguiente paso.
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