Costa Rica enfrenta múltiples retos sociales, económicos y políticos que profundizan la desigualdad, aumentan la corrupción y generan incertidumbre sobre el futuro. La brecha entre ricos y pobres se agrava debido a factores como la ineficiencia en programas sociales, el desempleo, el trabajo informal, una estructura fiscal que no redistribuye la riqueza de forma efectiva y un déficit fiscal que limita la inversión en áreas clave para el desarrollo.
Además, el envejecimiento de la población y la disminución de la fecundidad ejercen presión sobre los sistemas de salud y pensiones. El narcotráfico también contribuye a la violencia y distorsiona sectores clave de la economía formal, mientras que el sistema educativo sufre una crisis marcada por la disminución de la inversión y un bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 95,1% de las personas con edades entre 5 y 18 años asisten a la educación formal; sin embargo, solo el 43% de las personas de 24 años o más completaron la educación secundaria o universitaria.
Ante este panorama, existe la necesidad de reposicionar a las universidades públicas como actores fundamentales para impulsar el cambio y fortalecer su impacto. Para contribuir al diálogo en esta dirección planteo los siguientes aportes:
Las universidades tienen la responsabilidad social de contribuir a la construcción de una sociedad capaz de generar, aplicar y promover el conocimiento, para enfrentar con eficacia los desafíos de la región. Asimismo, deben posicionarse como actores clave en el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en evidencia, basándose en una comprensión integral de los fenómenos sociales, económicos, naturales y políticos.
Es primordial impulsar acciones estratégicas que propicien una formación de profesionales que promueva el desarrollo de competencias transversales en los estudiantes, como pensamiento crítico, resolución de problemas, liderazgo y habilidades digitales. En donde se combinen conocimientos técnicos con valores éticos para formar ciudadanos socialmente responsables.
Considerar la revisión permanente de los planes de estudio para alinearlos con los cambios que demanda la sociedad, donde las modificaciones y actualizaciones se realicen de forma eficiente como parte de un proceso instalado y no un evento aleatorio.
La urgencia de incorporar las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje que impulsen la alfabetización digital y preparen a los estudiantes para trabajar en entornos tecnológicos avanzados.
Las universidades deben garantizar el acceso a estudiantes de sectores vulnerables y socialmente excluidos mediante becas, tutorías y otras iniciativas que aseguren su permanencia y graduación.
Diseñar, además, entornos inclusivos para personas con discapacidad, y promover acciones afirmativas en materia de equidad de género en la educación superior.
La educación superior debe contar con un sistema iterativo de formación y capacitación para profesionales, que permita la evaluación y certificación de competencias donde la persona graduada pueda acceder a planes específicos que les permitan hacer frente a cambios drásticos en el desarrollo de la ocupación para la cual fue formada.
Las universidades deben desarrollar proyectos de investigación y extensión que atiendan problemas específicos de las comunidades locales. Es imperativo la construcción de agendas de trabajo con gobiernos, empresas y organizaciones sociales, para identificar temas prioritarios y realizar una construcción conjunta de las iniciativas a desarrollar, incluyendo la validación del alcance y la pertinencia de las acciones propuestas con las poblaciones meta y actores involucrados. Desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, por ejemplo, impulsamos la construcción de mesas regionales de investigación en las áreas de influencia de cada sede o sección regional universitaria, donde se coordinan y toman decisiones sobre el seguimiento a las necesidades identificadas por los actores locales alrededor de una Agenda Regional Estratégica de prioridades de investigación.
Sin abandonar la investigación básica, debemos promover proyectos de investigación aplicada que generen soluciones prácticas a los problemas sociales y económicos del país.
Las universidades están llamadas a crear ecosistemas de innovación y emprendimiento que las vinculen de mejor forma con startups, empresas y sectores productivos. Para ello debe revitalizar los modelos de gestión universitaria, para hacerlos más transparentes, participativos y eficientes.
Sin renunciar al deber del estado de financiar el derecho de la población a acceder a la educación pública superior, se requiere la diversificación de las fuentes de financiamiento, donde se incluya la colaboración con el sector privado y los organismos internacionales. Adicionalmente, es estratégico fortalecer las redes de colaboración entre universidades públicas latinoamericanas para compartir recursos, experiencias y conocimientos, promuevan la movilidad estudiantil y académica dentro y fuera de la región.
No debemos olvidar el compromiso que las universidades públicas guardan con la sostenibilidad como eje transversal, presente en los programas académicos y en la gestión universitaria, lo cual permite la reducción de la huella ambiental de las instituciones mediante políticas de campus sostenibles.
La innovación permanente no es una opción, sino una necesidad para las universidades públicas costarricenses. En un contexto de incertidumbre y cambio acelerado, estas instituciones tienen el desafío y la responsabilidad de liderar procesos de transformación que impulsen el desarrollo sostenible, la justicia social y el progreso humano. Innovar no solo fortalece su misión institucional, sino que también las consolida como pilares estratégicos del desarrollo en Costa Rica.
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