Ley para reducir monto de contribución estatal deberá estar vigente antes del 1 de octubre.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció esta tarde que el monto de la contribución estatal a los partidos políticos para la campaña de 2026 (conocido popularmente como deuda política) será de 78.466 millones de colones.

El TSE indicó que dicho monto, fijado por el artículo 96 de la Constitución Política, será el tope máximo, a menos que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que reduzca dicho monto antes del 1 de octubre de este año.

A su vez, según la resolución del TSE, del monto definido se destinarán un 11.769 millones de colones como anticipo de deuda, del cual un 80% podrá ser solicitado por partidos nacionales, y el restante 20% por partidos provinciales. Para acceder a este adelanto, los partidos deben contar con garantías líquidas suficientes, y en caso de no alcanzar la cantidad de votos necesaria deben devolver lo recibido.

Dato D+: El sistema de financiamiento de partidos políticos en Costa Rica es un sistema de reembolsos: los partidos políticos solo pueden recibir aquellos recursos que reportaron como ejecutados durante la campaña electoral. En el caso de las elecciones presidenciales, tienen derecho a la deuda política aquellos partidos que alcancen por lo menos el 4% de votos válidos (a nivel nacional o provincial, según la escala del partido) o que consigan por lo menos una persona electa a la Asamblea Legislativa.

El TSE también adelantó que para las elecciones municipales del 2028, el monto de contribución estatal a la que tienen acceso las agrupaciones políticas partidarias sería de 14.712 millones de colones, a menos que la Asamblea apruebe un proyecto de ley para reducir el monto.

Proyecto para reducir el monto de la deuda política

El lunes de esta semana, y tras un tercer intento, se aprobó una dispensa de trámites al proyecto de ley (expediente 24.337) presentado por el Frente Amplio y apoyado por el oficialismo que pretende reducir el aporte de la contribución estatal a la campaña nacional del 2026 y la municipal del 2028, del 0,19% a un 0.085% del producto interno bruto (PIB) del 2024.

La medida se adoptó luego que horas antes los representantes del resto de bancadas legislativas votara, en la Comisión Especial de Reformas Electorales, por no votar por el fondo el proyecto de ley en cuestión, y en su lugar, esperar unas dos semanas para analizar la iniciativa para, tentativamente, hacerla ley hasta el mes de marzo.

El diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio presentó ante la comisión una propuesta de dictamen afirmativo del proyecto, sin embargo, y a excepción del representante oficialista Jorge Rojas López, los diputados de Nueva República, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista aprobaron una moción para no conocer la iniciativa.

La discusión se centró en el porcentaje que debería fijarse para esas campañas. Aunque la Constitución Política señala que debe emplearse el 0,19% del Producto Interno Bruto, históricamente la Asamblea ha aprobado transitorios que fijan el porcentaje en 0,11% y, para el 2022 y 2024, se empleó un 0,085% del PIB, debido a la circunstancia de la pandemia que afectaba al país y al mundo.

La iniciativa del FA y el oficialismo fijaría el porcentaje en 0,085%, sin embargo, el resto de bancadas parece inclinarse por un 0,11% del PIB, cifra sugerida por el TSE en una reforma constitucional sugerida. El FA sostiene que el porcentaje debe ser inferior, pues históricamente las agrupaciones políticas con derecho al acceso a la deuda política apenas logran demostrar gastos que ascienden al 0,07%.

Aunque la comisión aprobó la moción para no ver el proyecto, la moción de dispensa de trámites que lo saca de estudio de comisión recibió respaldo unánime, por lo que ya está en la agenda del plenario.