La misma semana de investidura de su segundo mandado, el presidente los Estados Unidos, Donald Trump, atendió de forma virtual la conferencia del Foro Económico Mundial, donde se refirió a varios temas, siendo muy relevantes para nuestro país, lo referente a sus políticas tributarias y arancelarias.
Al respecto, Trump anunció “el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos”, con el fin de impulsar el crecimiento económico y atraer la producción de empresas a su país, mientras que aquellas que produzcan fuera se enfrentarán a aranceles. La propuesta tiene el camino allanado, derivado de la mayoría republicana que goza en la Cámara de Representantes y el Senado, añadiendo que incluirán recortes de impuestos para los trabajadores y las familias, y grandes recortes de impuestos para los productores y fabricantes nacionales.
En consonancia con los recortes fiscales, Trump prometió aranceles para todos, lo que refuerza su apuesta por mantener y atraer a las empresas para que produzcan en Estados Unidos. Aunado a esto, Trump firmó una orden ejecutiva que echa por tierra la idea de un impuesto mínimo global para las empresas.
El acuerdo internacional para un impuesto mínimo global, concebido y defendido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contaba con el apoyo del expresidente Joe Biden y de casi otros 150 países. Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump deja claro que el apoyo y los compromisos anteriores de EE.UU. son nulos y sin efecto. Para que un acuerdo global de este tipo funcione de manera eficiente, EE.UU. debe formar parte de él, sobre todo porque muchas de las empresas que serían objeto del acuerdo son estadounidenses, como Amazon, Apple, Google y Facebook.
Tomando en consideración que el acumulado de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, a octubre del año pasado, representó un 47% del total, y siendo que el 71 % de la inversión extranjera directa vino de ese mercado, debemos pasar nota respecto qué tan atractivos y competitivos seremos en el nuevo orden comercial que estamos entrando.
Sobre todo, cuando el costo de las cargas sociales en nuestro país se ha convertido en un incentivo perverso a la informalidad, y un aspecto crítico para las empresas. A la fecha, no hemos podido avanzar en alternativas que permitan garantizar el financiamiento de los programas sociales, principalmente a nivel de salud y pensiones, sin que estén a cargo del costo en las planillas de las empresas.
Estamos avisado de hacía donde va la competitividad global, y debemos tomar decisiones de política pública hoy. Esperemos que la campaña presidencial que se avecina gire en torno a estos temas.
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