El proyecto debe ser ley antes del 31 de enero para que pueda ser aplicado en la elecciones del 2026.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, enviaron a la Asamblea Legislativa una ampliación de la convocatoria de proyectos para sesiones extraordinarias, que incluye el proyecto de ley (expediente 24.337) que reduciría la deuda política para la campaña nacional 2026 y la campaña municipal del 2028 a un 0,085% del producto interno bruto (PIB) del año 2024.
El inciso 1 del artículo 96 de la Constitución Política establece que la contribución del Estado a los gastos de ambas campañas electorales debe ser del 0,19% del PIB del año tras anterior a elección nacional, sin embargo, permite que por vía de ley se determine una reducción a dicho porcentaje.
Según indica la exposición de motivos del proyecto, la propuesta de reducción para las campañas de 2026 y 2028 generaría un ahorro cercano a los 51.491 millones de colones (considerando el PIB proyectado por el BCCR para 2024).
Dato D+: El sistema de financiamiento de partidos políticos en Costa Rica es, un sistema de reembolsos: los partidos políticos solo pueden recibir aquellos recursos que reportaron como ejecutados durante la campaña electoral. En el caso de las elecciones presidenciales, tienen derecho a la deuda política aquellos partidos que alcancen por lo menos el 4% de votos válidos (a nivel nacional o provincial, según la escala del partido) o que consigan por lo menos una persona electa a la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley pretende designar el mismo porcentaje que se utilizó para las campañas electorales de 2022 y 2024. Sin embargo, para poder implementar esta reducción, el texto debe convertirse en ley de la república antes del 31 de enero de este año, fecha límite (fijada por el artículo 90 del Código Electoral) para que el Tribunal Supremos de Elecciones dé a conocer el monto que se destinará a la deuda política en la campaña nacional del 2026.
Tras conocerse el decreto de convocatoria, el diputado del Frente Amplio y proponente principal de la iniciativa, Jonathan Acuña Soto, anunció en sus redes sociales que presentará una solicitud de dispensa de trámites del proyecto para que pueda ser aprobado antes de la fecha límite.
Sin embargo, en setiembre del año anterior una mayoría de la Asamblea Legislativa, con votos de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR) y las diputadas independientes Gloria Navas Montero y María Marta Padilla Bonilla rechazaron dispensar de trámites el expediente.
