Tras el fallo constitucional, el municipio josefino entregó información incompleta sobre el Programa de Repoblamiento de San José.
La Municipalidad de San José desobedeció un fallo de la Sala Constitucional que le ordenó entregar información sobre el programa de repoblamiento, ante una solicitud para este proyecto de Punto y Aparte.
Autoridades del municipio delegaron la responsabilidad en el jefe de la Sección de Permisos de Construcción, Royeé Álvarez Cartín, quien supuestamente ha ignorado la orden de su superior.
La primera solicitud de información para este trabajo se realizó a la Municipalidad desde el 25 de setiembre de 2024. Se pidieron detalles sobre el Programa de Renovación Urbana y Repoblamiento del cantón central de San José, incluyendo todos los proyectos, beneficios fiscales, requisitos, y actas de la comisión desde 2004 hasta 2024. Posteriormente se requirió información sociodemográfica del cantón de San José, junto con datos sobre costos de las unidades habitacionales y ocupación de los edificios de ese programa
A pesar de una solicitud de prórroga de 10 días adicionales por parte de ese ayuntamiento, el plazo para enviar la información se cumplió sin que se remitiera lo solicitado. Ante este silencio, se interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El 15 de noviembre la Sala Constitucional emitió el fallo 34101-2024 donde declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto y dio tres días para la entrega de información.
Los altos jueces acreditaron que, hasta el momento en que se emitió la sentencia, “se ofrece a la persona amparada una respuesta parcial respecto de la información solicitada, según el propio documento refiere, acreditándose con lo anterior, la falta de respuesta a la totalidad de lo requerido por parte del accionante. En consecuencia, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso, como en efecto se dispone”.
Los magistrados condenaron además a ese municipio al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
Sin embargo, tras dos envíos de información por parte de Álvarez, la opacidad en la entrega de la información persiste. El funcionario entregó únicamente una parte de todos los proyectos (incluidos datos sobre incentivos fiscales) del Programa de Renovación Urbana y Repoblamiento del cantón de San José, en su gran mayoría del período entre 2018 y 2024, pues según Álvarez la base de datos actual de permisos de construcción solo incluye registros desde 2018.
Aunque la Sala Constitucional ordenó proporcionar toda la información solicitada, el jefe de Permisos de Construcción sugirió acudir al Archivo Municipal para pedir los datos faltantes de aproximadamente 13 años (2004-2017). Esto, a pesar de que el ayuntamiento ha tenido casi tres meses para obtener lo solicitado y sistematizarlo.
El Archivo Municipal de San José solo puede proporcionar información de proyectos con nombres específicos, según confirmaron. Sin embargo, no se ha dado acceso a los nombres de los proyectos entre 2004 y 2017, ya que en su mayoría no fueron suministrados por el funcionario Álvarez, lo que impide solicitarlos directamente al archivo.
El funcionario envió también las actas de la comisión, pero se desconoce por qué de algunos años no se remitieron las minutas de las sesiones. Álvarez omitió también enviar los datos solicitados de los integrantes, tanto actuales como pasados, que han formado parte de la comisión.
El jefe de Permisos de Construcción supuestamente ignoró también una orden emitida por la gerenta de Gestión Municipal, Jessica Martínez Porras, quien el 1 de noviembre le dio 10 días hábiles para entregar la información solicitada. Álvarez fue designado desde el inicio para gestionar la información, según confirmó prensa municipal.
Sin embargo, al cierre de edición la información entregada a Punto y Aparte por Álvarez es incompleta y no cumple con lo ordenado en el fallo constitucional.
Información no coincide
En noviembre pasado Royeé Álvarez, remitió un listado incompleto sobre los proyectos que pertenecen al programa de repoblamiento de ese cantón. No obstante, esa información no coincide con otros informes municipales.
Los datos para un mismo proyecto varían según el documento oficial que se observe. Las cifras sobre metros cuadrados, el valor de los proyectos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el pago del impuesto de construcción son parte de esas inconsistencias.
Uno de los condominios presenta discrepancias incluso en su ubicación. En un informe de noviembre de 2024, Álvarez lo ubicó en la Uruca, pero otro documento lo sitúa en el distrito Merced. Mientras, en la información enviada el pasado noviembre se estableció que esa torre obtuvo la disminución del impuesto de la construcción (del 1% al 0,1%); no obstante, según un documento oficial del 2018, no recibió el incentivo fiscal.
Tras el fallo de la Sala Constitucional, no solo se ha enviado información incompleta, sino que la poca remitida se contradice frontalmente con otros informes municipales.
