Precandidato del PLN afirma que la campana atenta contra los principios democráticos y constitucionales de Costa Rica.
El precandidato presidencial Marvin Taylor anunció este 13 de enero que procederá legalmente contra las personas o entidades responsables de financiar y colocar vallas publicitarias que llaman a la renuncia de funcionarios públicos, una acción que, según indicó, atenta contra los principios democráticos y constitucionales de Costa Rica.
Cultura.CR publicó una imagen de las vallas que se estrenaron este fin de semana pidiendo la renuncia de Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, Orlando Aguirre Gómez, presidente del Poder Judicial, Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la república y de Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la república.
Imagen de la polémica valla. Crédito: Cultura.CR.
“Con honda preocupación, he venido observando el deterioro de la sana convivencia democrática que ha caracterizado a nuestro país. Somos una sociedad construida sobre la base del diálogo, el consenso y los grandes acuerdos”, manifestó Taylor.
El político destacó que Costa Rica es reconocida mundialmente como una de las democracias más sólidas, siendo un referente en libertad de expresión, defensa de los derechos humanos y elecciones libres. Según Taylor, la fortaleza institucional del país, basada en la división de poderes, es un pilar que genera equilibrio y minimiza el abuso de poder.
“Nuestra imagen y marca país se sustenta en la fortaleza y solidez de nuestra democracia. Somos un país pequeño, pero grande en el concierto mundial en cuanto a los conceptos de libertad, seguridad, respeto y sana convivencia se refiere”, agregó el precandidato.
Acciones legales respaldadas en la Constitución
Taylor recordó que el artículo 4 de la Constitución Política prohíbe que cualquier persona o grupo se arrogue la representación del pueblo o actúe en su nombre. Además, señaló que el Código Penal costarricense contempla como delitos de rebeldía, motín o conspiración actos que vulneren estos principios, con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.
El precandidato aseguró que su acción legal busca proteger los valores democráticos del país. “No podemos permitir que intereses particulares, disfrazados de campañas mediáticas, siembren caos y atenten contra los logros sociales y democráticos que tanto nos ha costado alcanzar como nación”, concluyó.
