Apoyo total y decididamente, como el que más, que se investigue las conductas de quienes desempeñamos funciones públicas o participamos en política.
Di muestras de mi respeto a este principio renunciando con solo una denuncia interesada de un imputado confeso a mi puesto de Secretario General de la OEA y regresando voluntariamente al país.
Por eso ante las recientes denuncias respecto a acciones de funcionarios del gobierno actual y de miembros de mi partido político estoy totalmente de acuerdo en que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, el gobierno de la República y los órganos del PUSC deben investigarlos a fondo y establecer las consecuencias que corresponda hasta sus últimas consecuencias.
Pero por haber sufrido en carne propia burdas y reiteradas violaciones al debido proceso, no puedo dejar de denunciar que es inaceptable la violación, de manera abierta y con descaro, de la obligación de la privacidad de las actuaciones en el procedimiento preparatorio. El Código Procesal Penal determina en su artículo 295 que esta fase del proceso penal “no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes directamente o por medio de sus representantes.” Las partes incluido el Ministerio Público tienen “obligación de guardar secreto”.
La ley es para todos y todos debemos respetarla, tanto en su contenido como en los procedimientos. Esa obligación también incluye a las autoridades. El Poder Judicial debe poner coto a esos abusos que no hacen ningún bien a nuestro sistema de justicia.
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