Bojorges confirmó que el OIJ confiscó su celular ayer miércoles.
El diputado Leslye Bojorges León, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), confirmó este jueves en conferencia de prensa que recibió ofrecimientos de "ayuda" por parte de empresarios vinculados al caso "Madre Patria", los cuales aseguró haber rechazado, pero que ante su insistencia, redirigió esa propuesta de "ayuda" hacia la actual alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales, también del PUSC.
Sí me ofrecieron y yo le dije: 'no, no me interesa nada'. Me dijeron: '¿Le podemos ayudar en algo?' y le dije: 'No, no necesito nada, no quiero nada'. Me preguntaron por segunda vez: "Don Leslye, ¿le podemos ayudar a alguien?'. En política se le puede ayudar a la gente, yo le dije: "Bueno, si ustedes le quieren ayudar le pueden ayudar a la candidata a alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez", hoy alcaldesa, y "le pueden ayudar a Arturo Campos, candidato a alcalde del cantón central de Alajuela". Les facilité el número de teléfono para que hablaran directamente con Gabriela".
El diputado confirmó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le confiscó su teléfono celular el miércoles como parte de la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias. Bojorges afirmó que entregó el dispositivo de manera voluntaria, desbloqueándolo para los agentes.
“De ese teléfono lo único que me preocupa son unas fotos de unos bonitos paisajes que tengo y de unos cuantos chistes malos, nada más. De lo demás, no tengo nada que temer”, agregó.
Según Bojorges, la intervención judicial está relacionada con gestiones que realizó para evitar que la comunidad del barrio San José de Alajuela quedara sin servicio de transporte público. El diputado indicó que, tras recibir la solicitud de vecinos, organizó reuniones con el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, y empresarios autobuseros, entre ellos dos de los ahora imputados en el caso “Madre Patria”.
Bojorges rechazó cualquier irregularidad y cuestionó la normativa sobre tráfico de influencias vigente en el país.
Yo no tengo una bolita de cristal para saber con quién me reúno y quién es delincuente, quién es narcotraficante. Yo creí que me estaba reuniendo con un empresario de autobuses que era una persona honesta y trabajadora. Yo no sabía que era un delincuente que robaba tierras y que esas tierras las revendía, que legitimaba capitales".
El legislador anunció que se presentará ante la Fiscalía y pedirá el levantamiento de su secreto bancario para demostrar que no ha recibido dinero a cambio de sus gestiones, y afirmó que desde que empezó en la función pública, ni ha cambiado de carro, ni de casa, ni de estilo de vida.
Bojorges sugirió que las investigaciones en su contra podrían estar motivadas por intereses políticos ante su aspiración presidencial dentro del PUSC.
Sienten pasos de animal grande, eso es lo que yo creo, creo que tienen miedo, tienen miedo de que yo gane la convención del Partido Unidad Social Cristiana y me convierta en presidente de Costa Rica porque yo no le tengo miedo a nada".
El artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública dispone que será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
Con igual pena se sanciona a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.
Esas penas se elevan en un tercio cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.
