La digitalización del Estado y las políticas públicas orientadas a facilitar la interacción digital entre ciudadanos y gobierno no constituyen una solución mágica para resolver todos los problemas. Sin embargo, podrían tener un impacto significativo en temas prioritarios que no pueden postergarse.
En consecuencia, se trata de analizar cómo se entrelazan los desafíos del Estado con el concepto de digitalización, y determinar cómo estos se vinculan con la economía del bien común, promovida, entre otros autores, por el tratadista español Jaime Rodríguez Arana. Este modelo busca reconstruir el mundo empresarial y político a partir de los postulados del humanismo.
Las necesidades de un Estado digitalizado y el acceso a las tecnologías por parte de los ciudadanos para una interacción transparente han sido planteadas desde la denominada “Declaración de Santiago”, recogida en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, suscrita por Costa Rica en 2007.
La Carta Iberoamericana señala que el objetivo final y directo es que los ciudadanos sean reconocidos con un derecho que facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con la administración. Asimismo, busca que estas interacciones sean más transparentes, respetuosas del principio de igualdad, eficaces y eficientes.
En enero de 2012, Costa Rica se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), fundada en septiembre de 2011 por los gobiernos de Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido.
El gobierno abierto, según la OCDE, es “una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se fundamentan en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación, promoviendo la democracia y el crecimiento inclusivo”.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrece respaldo financiero a los estados para impulsar la transformación digital. Un ejemplo de ello es el programa “Brasil más digital”, que recibió un préstamo de 1.000 millones de dólares para reducir la brecha digital, fomentar la economía digital, capacitar a la población en habilidades digitales y transformar los servicios públicos.
Un Estado digitalizado ofrece múltiples beneficios, entre los cuales destacan:
- Más transparencia y reducción de la corrupción: facilita el acceso a información pública y reduce los intermediarios al limitar el contacto directo entre ciudadanos y funcionarios.
- Mejora y ampliación de la educación digital y capacitación laboral: a través de portales gubernamentales que ofrezcan recursos educativos y cursos gratuitos en habilidades demandadas, como STEM, fomentando la inclusión en el mercado laboral digital.
- Innovación y competitividad: crea un entorno favorable para el emprendimiento y promueve una cultura de innovación dentro del sector público.
- Participación ciudadana: permite recoger opiniones, sugerencias y consultas de los ciudadanos, promoviendo una relación más cercana con el gobierno. Además, las aplicaciones y portales, como lo ordena la Carta Iberoamericana, facilitan la participación ciudadana en decisiones comunales, ayudando a reducir la exclusión social mediante proyectos locales.
La digitalización del Estado es esencial para modernizar la administración pública y ofrecer mejores servicios. Para lograrlo, se requiere una estrategia integral centrada en el ciudadano, que incluya inversiones en infraestructura tecnológica, el desarrollo de habilidades digitales y la mejora del marco regulatorio, consolidando a Costa Rica como un referente en transformación digital en la región.
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