La Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense (Ley 9999), se aprobó en nuestro país el 29 de junio del 2021 con el fin que su nombre describe literalmente.

No obstante, contrario a su objetivo, en lugar de cuidar al estudiantado, le dio un arma de ataque contra sus docentes y personal educativo, causando la posibilidad de denunciar cualquier tipo de inconveniencia de los estudiantes, aprovechando una ventaja injusta que la misma ley les brindó, invirtiendo los papeles y convirtiendo al alumno en la figura de poder, a su vez, sometiendo al docente a sufrir posibles graves consecuencias posteriores ante cualquiera que fuese la acusación que su estudiante hiciera en su contra, aunque esta no ameritase un castigo para él o la educadora, dificultándole al personal educativo ejercer la parte disciplinaria de su profesión.

Según el Semanario Universidad, la aplicación indiscriminada de la Ley 9999 llevó a la apertura de procesos a 555 docentes con tan solo una queja de padres de familia, pues “originalmente” la norma establecía medidas cuestionables y radicales. Un ejemplo es el hecho de que tan solo la palabra del estudiante era necesaria para probar cualquier tipo de presunto abuso, lo cual podía causar malentendidos o falsas acusaciones hacia el personal del Ministerio de Educación Pública. “Originalmente” porque debido a las anteriores y a otras situaciones contradictorias al propósito de la ley, se creó una reforma para la misma en octubre del 2023, evitando que los estudiantes “hilaran tan fino” a la hora de realizar una denuncia, pues no era lógico que un profesor tuviera un proceso abierto y fuera reubicado por situaciones tan triviales como llamarle la atención a un estudiante por mala conducta.

Entre otras modificaciones de la ley se cita la siguiente: “ante la ausencia de prueba directa, deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia. En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima. El órgano director en todos los procesos ordenará la realización de pruebas técnicas y periciales que resulten necesarias para armonizar la búsqueda de la verdad real con el interés superior de la persona menor de edad”.

El cambio anterior permite llevar un debido proceso más justo para el personal y establecer un equilibrio a la hora de procesar la denuncia. No obstante, a pesar de la reforma, el daño ya estaba hecho, pues los estudiantes ahora son conscientes de que la relación de poderes con sus educadores ha cambiado, por lo que gozan de la posibilidad de manchar la carrera de los docentes aunque la denuncia sea desestimada posteriormente.

Sin embargo, aclaro, esto no significa que la ley no cumpla su propósito, ni que todos los estudiantes que han denunciado lo hacen por razones innecesarias, pues también existen situaciones graves y reales de acoso, así como casos de revictimización, que deben ser atendidos y solucionados por el bien tanto del denunciante como de sus compañeros u otras posibles víctimas.

Ahora bien, con el contexto anterior, es de público conocimiento el declive que ha sufrido la educación pública costarricense, incluso previo a la pandemia por COVID-19, pues no es un secreto que desde el 2018 tras la huelga contra el plan fiscal en el MEP, cientos de niños, niñas y adolescentes han venido arrastrando atrasos en sus planes de estudio y desempeño académico, llegando al punto en el que nos encontramos ahora, siete años después, donde el aumento de presupuesto brilla por su ausencia y la educación pública es liderada por una ministra que busca el retroceso, dañando años de trabajo de administraciones anteriores; un ejemplo reciente fue la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y del protocolo de atención al bullying contra población LGTB.

No olvidemos además el escándalo con el que cerró el 2024: estudiantes manifestándose y padres quejándose porque sus hijos, cursando undécimo año, no obtuvieron la nota mínima en las pruebas estandarizadas para conseguir su título de bachiller en educación media, aun cuando la nota de dichas pruebas es una sumatoria entre su nota de presentación y el resultado del examen como tal, a esto se le añade la eliminación de las pruebas de bachillerato y la reforma en los planes de estudio que aplica desde el 2018, con la cual es más difícil “quedarse” que aprobar el año, pues el valor del trabajo en clase (60%) es mayor al de las evaluaciones o exámenes (20%).

Sumando todo lo anterior, el resultado son estudiantes en medio de un apagón educativo, con un sistema que favorece la mediocridad, no fomenta el pensamiento crítico y carece de un “coladero” efectivo para determinar si los estudiantes están realmente capacitados para avanzar y optar por un grado en educación superior, donde las exigencias son mayores y un pensamiento o actitud mediocre, no calzan.

Además, gran cantidad de alumnos que, a partir del curso lectivo entrante, no recibirán la educación sexual adecuada, la cual, según lo dijo desde el 2017 la ahora Directora de Estrategia e Innovación de la Fundación PANIAMOR, Milena Grillo, ya de todas formas no recibían en sus casas debido a tabúes impuestos por los padres de familia.

Ahora, ¿qué tienen que ver los cambios en la evaluación del MEP y el apagón educativo con la Ley 9999? La respuesta es simple, la mezcla de un sistema educativo que premia la ley del mínimo esfuerzo, junto a una legislación que deslegitimiza la autoridad de los líderes en las aulas, se presta para formar ciudadanos poco preparados, no solo para el mundo universitario o laboral, sino en general para la vida.

La educación costarricense, anteriormente aclamada, es ahora el nido de personas en camino a la ineptitud, falta de sentido común, respeto y pensamiento crítico. Es por esto también que tantas familias consideran enviar a sus hijos a centros educativos privados, aumentando la brecha respecto a aquellos que no tienen esa posibilidad.

¿Es esta realmente la educación que queremos para la Costa Rica del futuro?

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