Jupema señaló que la ausencia de datos históricos para fundamentar el estudio actuarial, ponen en duda su veracidad.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, manifestó su oposición al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para establecer un límite a las pensiones con recargo al Presupuesto Nacional, así como a las pensiones del Poder Judicial y del Magisterio (expediente 24.786).

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo la semana pasada propone la implementación de un tope máximo a las pensiones otorgadas bajo regímenes especiales, incluyendo aquellas en curso de pago. Este límite sería comparable al tope del régimen de IVM de la CCSS, que actualmente es de 1.666.062 colones.

Dato D+: Solo para el caso del Magisterio el proyecto mantiene la posibilidad de que se apliquen las mismas reglas de "postergación" que tiene el IVM y que permiten que las pensiones lleguen hasta un máximo de 2.5 millones de colones.

En un comunicado de prensa, la presidenta de la Junta Directiva de Jupema, Sonia Hernández Sánchez, explicó:

En el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), todas las pensiones están ajustadas a derecho. Es el primer régimen, en más de tres décadas, en imponer cotizaciones a las personas pensionadas que oscilan entre el 12% y el 16%, de igual manera, se les aplica contribuciones solidarias que van desde el 25% y hasta el 75%. Incluso en el año 2020, con la aprobación de la Ley 9796, se establecieron modificaciones a las cotizaciones aún más severas”.

Desde Jupema aseguraron que, en el RTR “las personas trabajadoras de la educación han cotizado durante toda su vida laboral, con aportes sustancialmente superiores, lamentablemente, el Estado nunca conformó el respectivo fondo de pensiones y por ello se deben cargar al presupuesto nacional”.

Desde Jupema aseguraron que se oponen a la iniciativa, argumentando que no respeta los derechos adquiridos de las personas pensionadas, y añadieron:

La reducción en los montos de las pensiones es una violación clara a sus derechos, como lo han referido ampliamente los Tribunales, en sus argumentos”.

Adicionalmente, Jupema señaló “la falta de integridad en los datos históricos adecuados para fundamentar el estudio actuarial” que fundamenta la propuesta de ley:

Sin información precisa y completa, es difícil justificar las decisiones que se están tomando, afectando negativamente a las personas pensionadas”.

Además, señalaron que el proyecto desconoce el voto 846-92 de la Sala Constitucional, que habla de la pluralidad de regímenes. Bajo estos esquemas de homologación, se trata a los desiguales como iguales, y añadieron:

Al pretenderse limitar a un solo tope todos los regímenes de pensiones, se persigue el objetivo de unificar los regímenes de pensiones, como lo ha manifestado la Supen, violentando de igual manera los derechos adquiridos de las personas pensionadas”.

Jupema añadió que “no permitirá un atropello y violación de los derechos de quienes han contribuido al país y merecen una jubilación justa, digna y oportuna”.

Finalmente, el comunicado reconoce que el país requiere un análisis integral del sistema de pensiones, pero señalaron que “es necesario que las propuestas que se presenten para discusión nacional estén fundamentadas en estudios técnicos realizados con la información consistente requerida, porque es inadmisible que se presenten propuestas como un distractor político en un año preelectoral”.