La Fiscalía General del Ministerio Público confirmó que investiga a cinco altos funcionarios de entidades estatales por presunto tráfico de influencias y recepción de dádivas de un empresario autobusero de apellido Herrera, imputado en el caso “Madre Patria”.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público, decomisó este miércoles 22 de enero los teléfonos celulares de Carlos Ávila Arquin, viceministro de Transportes; Marlen Luna Alfaro, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Leslye Bojorges León, diputado del PUSC por Alajuela; y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
También se investiga a una sexta persona, de apellidos Campos Araya.
Los casos se desarrollan bajo los expedientes 23-000087-0033-PE (contra el diputado Bojorges León, con fuero especial) y 24-000059-033-PE (contra los otros imputados). Según el Ministerio Público, la investigación se centra en el presunto tráfico de influencias y recepción de dádivas provenientes del empresario Herrera, quien cumple prisión preventiva desde mediados de 2024.
De acuerdo con información contenida en el expediente, interceptaciones telefónicas señalan que Herrera habría recibido apoyo del viceministro Ávila para gestionar trámites dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP).
Aunque Ávila negó las acusaciones, reconoció haber sostenido una reunión con Herrera el 16 de agosto de 2023 en su despacho para tratar asuntos relacionados con una ruta de transporte público en Alajuela.
El empresario autobusero Herrera también figura entre los imputados del caso “Madre Patria”, una investigación liderada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FACDO). Esta indaga a una supuesta red criminal vinculada a delitos como falsedad ideológica, uso de documentos falsos, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La organización habría cometido fraudes registrales para despojar de propiedades a sus dueños originales, principalmente extranjeros y adultos mayores, utilizando maniobras perpetradas por abogados y notarios. Los líderes del grupo, de apellidos León y Gómez, ambos ciudadanos españoles, presuntamente legitimaban los fondos obtenidos mediante la adquisición de criptomonedas, vehículos de lujo, inversiones en tiendas tipo "outlet" y concesiones del CTP.
El Tribunal Penal de San José ordenó en septiembre de 2024 mantener un año de prisión preventiva contra 21 imputados, entre ellos funcionarios públicos como un juez penal y un funcionario del CTP, quienes habrían facilitado las actividades ilícitas de la organización.
