Además, instaron al MEP a reconsiderar su decisión de eliminar las acciones afirmativas.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, por medio de un comunicado de prensa, manifestó su preocupación por la decisión del Ministerio de Educación Pública (MEP) de eliminar las acciones afirmativas dirigidas a la protección de la población estudiantil LGTBIQ+.

Según el colegio profesional, el sistema educativo tiene la responsabilidad de ser un espacio integral que, además de ofrecer conocimientos académicos actualizados, promueva el desarrollo de habilidades para la vida en un ambiente que respete los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad educativa.

Es imperativo promover una mayor protección para la población estudiantil y garantizar principios de equidad, inclusión y respeto. No obstante, reconocemos que el sistema educativo, como reflejo de nuestra sociedad, ha heredado patrones de exclusión y discriminación que se manifiestan en actos de violencia y acoso, afectando especialmente a sectores vulnerables como la población LGTB. En este contexto, los espacios educativos deben transformarse en entornos seguros y protectores donde se prevenga la exclusión y se fomente la solidaridad, el respeto y la dignidad humana. Este proceso requiere que las personas adultas de la comunidad educativa asuman un rol activo como figuras de apoyo para las personas menores de edad".

Asimismo, agregaron que en varias comunidades locales y contextos familiares persisten actitudes excluyentes fundamentadas en el género, la etnia, el origen nacional, la orientación sexual o la clase social, y que estas actitudes crean barreras que dificultan el pleno ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Marina Cruz, vocera del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, señaló: 

Nos preocupa profundamente la reciente postura de las autoridades ministeriales al considerar que tales estrategias son segregadoras. En realidad, el protocolo citado tiene como objetivo ampliar la protección y fomentar la convivencia inclusiva, proveyendo acciones afirmativas que buscan prevenir la revictimización y garantizar la seguridad de las personas estudiantes LGTB”.

En ese orden de ideas, desde el colegio hicieron un llamado a la sociedad civil para que se pronuncie en contra de estas declaraciones que podrían significar un retroceso en materia de derechos humanos y protección de las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Asimismo, destacaron el papel esencial del ejercicio profesional del Trabajo Social para analizar los desafíos actuales y proponer soluciones que fomenten el cambio social. 

Finalmente, concluyeron su comunicado indicando:

Instamos al Ministerio de Educación Pública a reconsiderar esta decisión y a reafirmar su compromiso con la promoción de la inclusión y el respeto en el ámbito educativo. Eliminar herramientas que velan por la protección de estudiantes vulnerables pone en riesgo los avances logrados en la construcción de una sociedad más justa y equitativa".