La polarización política puede entenderse como un fenómeno en el que las opiniones, las posiciones políticas y las discusiones públicas (especialmente en redes sociales) se van agrupando en extremos opuestos. Esto deja un espacio mínimo para el diálogo y los acuerdos, no solo en el ámbito político sino en la sociedad misma. El problema, en resumidas cuentas, es que esto propicia el ascenso de regímenes autoritarios, el deterioro de las instituciones democráticas y el debilitamiento de libertades fundamentales y derechos humanos.
Los procesos electorales son propicios para generar o aumentar la polarización porque los partidos políticos y las candidaturas suelen recurrir a estrategias que apelan al miedo, a la división y a la demonización del adversario. Esto lo vimos con Fabricio Alvarado en el 2018, por ejemplo. El debate público se transforma entonces en un escenario de confrontación constante. Como resultado, el electorado no sólo vota por sus preferencias, sino que lo hace en contra de aquello que consideran una amenaza existencial representada por el otro bando. La próxima elección presidencial y legislativa en nuestro país, previsiblemente, será convertida en un escenario máximo de desinformación, mentiras, tensiones, conflictos, discriminación y odio.
Los políticos corruptos, populistas y autoritarios capitalizan las divisiones sociales y políticas para consolidar su poder. Estas figuras suelen presentarse como salvadores capaces de “comerse la bronca” causada por la corrupción de las élites políticas y económicas o salvar a la gente de las "amenazas a las tradiciones y cultura del país" dizque representadas por grupos históricamente discriminados. Contrario a sus promesas vacías y mentiras descaradas, la realidad es que esos políticos corruptos, populistas y autoritarios no mejoran la situación del país, más bien erosionan la confianza en las instituciones democráticas para justificar la concentración de su poder.
Estos líderes usan la polarización política y la fragmentación de la sociedad para implementar políticas represivas bajo la promesa de restaurar el orden y la estabilidad. Por ejemplo, El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el 2022; esto quiere decir que varios derechos y garantías constitucionales se encuentran suspendidos, a modo de política de lucha contra el crimen. En nuestro caso, el gobierno ha permitido y alimentado la crisis de inseguridad, llevando el país a récords históricos de homicidios. Esto es la excusa perfecta para impulsar políticas represivas y populismo punitivo. Estas políticas ineficientes a largo plazo suelen ir acompañadas de restricciones a la libertad de prensa, persecuciones a la oposición y el debilitamiento de los sistemas judiciales, lo que a su vez profundiza el deterioro de los derechos humanos.
Volviendo a lo electoral, cuando las elecciones son vistas como una lucha del pueblo contra todo lo que a Rodrigo Chaves no le gusta, los ciudadanos tienden a justificar medidas autoritarias para garantizar que su bando prevalezca. Esto incluye el apoyo a la desinformación electoral, ataques a las instituciones democráticas y la persecución de la oposición política y voces críticas de la sociedad. En estos contextos polarizados, los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la protesta pacífica, se ven amenazados. Los gobiernos autoritarios suelen aprovechar la polarización para justificar la represión de la disidencia, argumentando que esta pone en peligro la estabilidad del país.
La polarización política representa un desafío crítico para la democracia y los derechos humanos y este año, Costa Rica no escapará del fenómeno. Si bien el desafío a nuestra estabilidad democrática puede parecer insuperable, es posible revertir sus efectos mediante esfuerzos colectivos para fortalecer las instituciones democráticas, fomentar el diálogo y proteger los derechos fundamentales. La tarea de preservar la democracia y los derechos humanos recae en cada uno de nosotros y nosotras.
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