Ente defensor urge aprobación de normativa que regule el acoso laboral en el país.
La Defensoría de los Habitantes, por medio de sus informes anuales, recomendaciones y emisión de criterios ante proyectos de ley, le ha dado seguimiento a la situación del acoso laboral o mobbing en el lugar de trabajo en el sector público.
El ente defensor indicó que ha enfocado su labor, en el marco de sus competencias, en abordar la falta de normativa interna que regule la atención, tramitación y prevención de casos de hostigamiento laboral en las instituciones estatales. Además, detalló que esta carencia se ve agravada por el desconocimiento generalizado de las personas funcionarias respecto a los derechos que amparan a las víctimas, así como las responsabilidades y posibles sanciones aplicables a quienes cometen actos de acoso.
La Defensoría busca erradicar el clima de indefensión que afecta a las víctimas, así como la impunidad de las personas acosadoras, a través de una normativa que promueva las acciones para la atención, tramitación, promoción y capacitación sobre el tema en las instituciones.
Además, la adopción de normativa interna tiene como objetivo garantizar que quienes dirigen las investigaciones protejan los derechos de las personas denunciantes. Esto incluye asegurar el adecuado manejo de la denuncia, el respeto a los plazos y etapas del proceso investigativo, y, sobre todo, prevenir la revictimización de las personas afectadas.
Paralelamente, la Defensoría considera imperativo evidenciar la urgencia de contar con una ley nacional que regule de forma integral esta materia. En este sentido, "reitera el llamado a la Asamblea Legislativa en la necesidad de saldar la deuda histórica que mantiene el país, estableciendo un cuerpo normativo que defina qué es el acoso laboral, cómo se puede prevenir y tener claro cómo proceder en caso de una denuncia".
Finalmente, el ente defensor destacó que, a nivel internacional, Costa Rica aún tiene pendiente la aprobación del Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. La Defensoría subrayó que este instrumento ofrece una oportunidad para incorporar en la legislación nacional definiciones, conceptos y se adopten medidas y políticas específicas que garanticen protección efectiva a quienes son víctimas de violencia y acoso laboral.