El arroz constituye una base en la dieta nacional, siendo una de las principales fuentes de nutrientes del costarricense promedio. Sin embargo, el sector arrocero en Costa Rica enfrenta una de sus mayores crisis. Lo que comenzó como una estrategia gubernamental para reducir los precios al consumidor y aumentar la competitividad del mercado, ha desencadenado una profunda repercusión negativa en la producción nacional.

La eliminación del esquema de fijación de precios y la reducción de los aranceles de importación del arroz —de un 35% a un 4% para el arroz pilado y de un 35% a un 3.5% para el arroz en granza en el 2022— marcaron el inicio de la llamada Ruta del Arroz. Esta medida, presentada como una solución para reducir los precios y aumentar la competitividad en el mercado, ha creado un escenario aterrador para los productores nacionales.

El gobierno defendió esta desregulación como una estrategia necesaria para proteger los intereses de los consumidores, asegurando que los precios del arroz bajarán, y el mercado se volvería más competitivo y accesible. Sin embargo, la promesa nunca se cumplió.

Hoy, los resultados son desfavorables tanto para los productores como para los consumidores. Por un lado, el precio del arroz ha subido un 7.26% desde agosto de 2022, fecha en la que se implementó la ruta del arroz, lo que contradice la promesa de reducción para los consumidores. Por otro lado, los productores nacionales han quedado en una situación de vulnerabilidad extrema: el 38% del área sembrada se ha perdido, mientras que el número de productores ha disminuido en un 44% desde el comienzo de la ruta del arroz.

Gráfico: Variación del índice de precios al consumidor del arroz, de enero 2022 a noviembre 2024

Fuente: El Instituto Nacional de Estadística y Censos

La producción nacional de arroz en el país ha experimentado una drástica reducción. Durante el periodo 2021-2022, la producción alcanzaba 153,173 toneladas métricas (tm), mientras que para el periodo 2023-2024, la producción se ubicó en 64,639 tm, lo que produjo una reducción de la producción nacional del 42%.

Esta situación es una de las principales consecuencias de la Ruta del Arroz, una política que, si bien es cierto, se presentó como una estrategia de reducción de precios para proteger al consumidor, terminó favoreciendo al importador y desapareciendo al productor nacional.

El país ha alcanzado una dependencia de importación del grano del 80% para abastecer su consumo interno, lo que lo convierte altamente dependiente al mercado internacional y a factores climáticos, logísticos y geopolíticos que pueden llegar a afectar el suministro del grano al país, comprometiendo la soberanía alimentaria nacional.

El sector arrocero costarricense ha enfrentado durante años una falta de atención por parte de políticas públicas eficaces. Históricamente, ha sido un sector marginado, sin un verdadero compromiso por parte de los distintos gobiernos para fortalecer su competitividad frente al mercado internacional.

Si bien el sector ha mostrado bajas capacidades competitivas durante décadas, siendo incapaz de igualar los precios internacionales, esto no se debe únicamente a sus productores, sino a la ausencia de herramientas adecuadas que les permitan competir en igualdad de condiciones.

La reducción del arancel a 0% bajo el tratado CAFTA-DR este 2025, pone al sector arrocero en un escenario aún más desfavorable. Esta medida, aunque prevista desde la firma del tratado, debió haber estado acompañada de un plan estratégico a largo plazo que preparara a los productores para enfrentar los desafíos del libre comercio.

En lugar de fortalecer al sector brindándole herramientas que permitieran mejorar sus rendimientos y competitividad, el gobierno optó por una Ruta del Arroz, que lejos de resolver los problemas históricos, ha dejado al borde de la desaparición a muchos productores nacionales y en riesgo a muchas familias costarricenses.

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