Ente contralor desmintió los siete ejemplos dados por el Poder Ejecutivo para asegurar que realizaba coadministración.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado de prensa refutando las afirmaciones realizadas por el Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa del pasado miércoles 8 de enero. En aquella ocasión se compartió con la ciudadanía una lista de casos en los que, según Presidencia, la Contraloría coadministró en la gestión de diversas instituciones.
Imagen transmitida por el Poder Ejecutivo en Conferencia de prensa del 8 de enero de 2025.
Según señalaron desde la Contraloría:
Es importante indicar que en los casos señalados falsamente como coadministración no acudieron a las vías correspondientes establecidas para dirimir ese tipo de diferencias de criterio, con la única excepción del caso de Aresep/ICE, que lo llevaron a la vía judicial y perdieron el caso en esa instancia, quedando expuesto que no llevaban razón sobre tal coadministración”.
Sobre ese caso en particular la Contraloría indicó que su gestión se limitó a señalar “debilidades en la información usada por Aresep para fijar tarifas, conforme al marco legal y técnico”. Recordaron que esa fiscalización fue legitimada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la resolución 2024004630, indicando que no constituía una invasión de las competencias de ARESEP.
La Contraloría refutó los otros ejemplos dados por el Ejecutivo y sostuvo que en ninguno pueden considerarse sus actuaciones como coadministración. La CGR sostiene que sus acciones respondieron a verificaciones de cumplimiento por parte de las autoridades según la normativa correspondiente.
En el caso de la afirmación de que el ente contralor le dijo a la Municipalidad de Alajuelita cómo debe ser su acueducto municipal, la Contraloría aclaró que no señaló nada en ese sentido: “En el Informe Nº DFOE-LOC-IAD-00007-2024, se solicitó a la municipalidad actualizar el manual de funciones, crear un procedimiento para la gestión de alcantarillado pluvial y realizar diagnóstico completo en la red pluvial, no del acueducto”.
Sobre el señalamiento de que se le ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) preparar una política educativa, la Contraloría recordó que, de acuerdo con el marco jurídico aplicable, es responsabilidad del MEP elaborar la política educativa, por lo que lo solicitado fue que el ministerio cumpliera con su obligación legal, lo cual fue reconocido y aceptado por el propio ministerio.
Finalmente, sobre las afirmaciones de que se había ordenado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) enviar a la Aresep un aumento en las tarifas y de que se ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) un ordenamiento estratégico, la Contraloría indicó que no ha emitido ningún informe que contenga esas órdenes.
Adicionalmente, la Contraloría se refirió a la afirmación hecha con anterioridad de que le había ordenado al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, indicando:
La CGR no emitió órdenes para impulsar la Agenda 2030. De acuerdo con la normativa técnica es responsabilidad del Poder Ejecutivo. En auditorías sobre la gobernanza de esa Agenda, la CGR verificó el cumplimiento del marco normativo y técnico definido por el Poder Ejecutivo, identificando debilidades en la implementación y coordinación, pero sin ordenar acciones específicas para impulsar esa Agenda”.
